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La detención de Rubén Muñoz, referente del Consejo de Bienestar Policial de Río Negro, generó reacciones en distintos sectores gremiales que cuestionaron el contexto político e institucional en el que se produjo el procedimiento y plantearon preocupación por el tratamiento de los conflictos laborales en la provincia.
Desde la delegación Río Negro de ASSPUR, organización que integra la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), difundieron un pronunciamiento en el que expresaron su repudio a la detención y señalaron que el hecho debe analizarse también en relación con la forma en que se abordan los reclamos de trabajadores y trabajadoras del Estado.
En ese marco, el sindicato sostuvo que en la provincia quienes realizan denuncias vinculadas a salarios, condiciones laborales o falta de políticas públicas suelen enfrentar “mecanismos de disciplinamiento” que, según plantearon, buscan desalentar la protesta. La organización aclaró que las eventuales responsabilidades judiciales deberán resolverse en los ámbitos correspondientes, pero advirtió que el contexto institucional no puede quedar al margen del análisis.
El documento también planteó críticas a lo que definieron como un modelo de gestión que responde a los conflictos sociales mediante procesos judiciales en lugar de promover instancias de diálogo. Según indicaron, cuando los reclamos por condiciones laborales terminan en causas penales se genera un mensaje que puede afectar el ejercicio del derecho a la protesta.
ASSUR también señaló que situaciones similares se observan, a su entender, en distintos sectores del Estado provincial. En ese sentido mencionaron áreas como salud, educación y seguridad, donde trabajadores y trabajadoras sostienen servicios considerados esenciales mientras, según expresaron, enfrentan salarios deteriorados y limitaciones en los recursos disponibles.
Finalmente, la organización sindical sostuvo que la defensa de condiciones laborales dignas y la exigencia de políticas públicas no deberían derivar en procesos de persecución o sanción y eiteraron su repudio a cualquier intento de silenciar reclamos laborales y reafirmaron que la búsqueda de mejoras salariales y de calidad en los servicios públicos forma parte de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
8 marzo 2026
Gremiales