En el centro de Viedma hay más de 200 lugares reservados para organismos nacionales, provinciales y municipales, de acuerdo con el relevamiento utilizado como fundamento de un proyecto que busca eliminar esas reservas. La discusión pone bajo la lupa el uso de un espacio público cada vez más escaso y plantea una pregunta incómoda: por qué algunos tienen un lugar asegurado mientras el resto de los vecinos debe dar vueltas para estacionar y, además, pagar por hacerlo.

El planteo fue expresado con particular énfasis por Damián Torres, abogado y vicepresidente de La Libertad Avanza en Río Negro, quien cuestionó los lugares destinados a funcionarios y sostuvo que el ejercicio de una función pública no debería otorgar privilegios para estacionar. Torres, además, aparece dentro de ese espacio político como una posible figura para competir por la intendencia de Viedma en 2027.

“Tenemos que romper con la mentalidad administrativa en Viedma”, sostuvo Torres en un video en el que apuntó contra los espacios reservados que existen frente a ministerios y otras dependencias públicas. A su criterio, “casi todo el centro” está minado de estacionamientos exclusivos, una situación que, plantea, perjudica a quienes necesitan encontrar un lugar para estacionar en la zona céntrica.

El dirigente hizo una distinción respecto del gobernador, al considerar que su lugar reservado puede justificarse por una cuestión de seguridad. Para el resto de los funcionarios, en cambio, planteó que deberían estacionar como cualquier ciudadano.

“Todos los demás tienen que estacionar como cualquier ciudadano común en un lugar y pagar el estacionamiento”, sostuvo Torres. Y planteó el argumento político detrás de su propuesta: “No tenés más privilegios que cualquier ciudadano común, lo que tenés es que cumplir un rol específicamente por un determinado período”.

La discusión no quedó solamente en una declaración política. El bloque de concejales de Vamos con Todos, integrado en este proyecto por Julián Algañarás y Lorena Jesica Alan, tiene casi lista una iniciativa para modificar la Ordenanza 6304, que establece las reglas del estacionamiento medido y pago y contempla actualmente la posibilidad de reservar espacios para organismos.

El proyecto propone directamente eliminar las reservas de estacionamiento para organismos nacionales, provinciales y municipales y reemplazar los artículos 8° y 9° de la normativa vigente. La iniciativa sostiene que el micro y macrocentro constituyen un recurso urbano escaso para vecinos y vecinas que concurren a trabajar, realizar trámites o acceder a los distintos servicios.

Los fundamentos cuestionan que la normativa permita afectar espacios de la vía pública para uso exclusivo de vehículos oficiales y que, en la práctica, esos lugares están siendo utilizados de manera habitual por funcionarios y personal de los organismos.

El problema, plantean los autores, adquiere mayor dimensión en una ciudad como Viedma, donde se concentran dependencias de los tres niveles del Estado. El relevamiento citado en el proyecto contabiliza más de 200 espacios exclusivos, una cantidad que adquiere peso cuando se la compara con la disponibilidad de lugares que tiene el resto de quienes llegan al centro.

La iniciativa plantea que existe una diferencia de condiciones entre quienes tienen un espacio reservado y quienes deben buscar estacionamiento. Mientras los primeros pueden contar con un lugar asegurado, el resto debe recorrer distintas cuadras para encontrar una celda disponible y afrontar el costo del estacionamiento medido y pago.

El proyecto también pone el foco en una situación que, de acuerdo con sus fundamentos, puede observarse cotidianamente: espacios reservados que permanecen buena parte de la mañana sin vehículos. En esos casos, el lugar queda vedado para el uso general aunque durante varias horas no esté siendo utilizado por el organismo al que fue asignado.

La propuesta busca modificar esa lógica y establecer que el espacio público sea utilizado bajo criterios de equidad, razonabilidad y transparencia, sin prerrogativas asociadas a la jerarquía o función de quienes trabajan en una dependencia estatal.

Qué lugares quedarían exceptuados

La eliminación de las reservas no sería absoluta. El proyecto establece excepciones vinculadas con situaciones en las que existe una necesidad objetiva de interés público.

Entre ellas se encuentran los espacios para personas con discapacidad, ambulancias, emergencias y fuerzas de seguridad en servicio. También se contempla la posibilidad de establecer lugares para carga y descarga técnica indispensable y para ascenso y descenso.

Pero hay una condición expresa: esas excepciones no podrían utilizarse como estacionamiento exclusivo o habitual de funcionarios, autoridades o personal de los organismos.

El proyecto también busca evitar las reservas informales. Propone prohibir que se restrinja el uso general de un espacio mediante conos, vallas, personal de custodia u otros mecanismos si no existe una autorización formal.

Toda excepción debería quedar respaldada por un acto administrativo fundado que identifique el motivo, la ubicación, la cantidad de espacios y el plazo de vigencia. La cartelería, además, tendría que indicar claramente la finalidad, los días y horarios y el tiempo máximo de permanencia.

Si la modificación es aprobada, el Municipio tendría 30 días para relevar la totalidad de los espacios reservados o exclusivos dentro del área alcanzada por el estacionamiento medido y pago y retirar o adecuar las señalizaciones que contradigan la nueva regulación.

El Municipio ya venía revisando el estacionamiento

La discusión sobre las reservas aparece mientras el Municipio de Viedma trabaja sobre una revisión más amplia de la circulación y del uso del espacio público.

La comuna administra directamente el Sistema de Estacionamiento Medido y Pago desde el 16 de marzo, después de que finalizara el convenio con la Fundación Anyarc, que durante años estuvo a cargo del servicio.

Antes de que apareciera este proyecto, la jefa de Gabinete municipal, María Eugenia Serra, había anticipado cambios y análisis sobre distintos sectores de la ciudad. El foco estaba puesto especialmente en las zonas donde se registran dificultades para circular y encontrar estacionamiento.

Uno de los aspectos detectados por el Municipio tiene que ver con la manera en que los vehículos ocupan las celdas. Cuando un automóvil queda mal ubicado o invade parcialmente el espacio contiguo, se reduce la capacidad de estacionamiento de toda la cuadra.

El análisis municipal había estimado que esa mala utilización podía reducir hasta un 15% la capacidad disponible en determinadas cuadras respecto de la cantidad de vehículos que podrían estacionar si las unidades quedaran correctamente ubicadas.

También se había puesto especial atención sobre el sector del hospital Artémides Zatti, particularmente en calle Rivadavia. Allí confluyen paradas de taxis y colectivos, accesos para ambulancias, rampas para personas con discapacidad, espacios para bicicletas y motos y un importante movimiento peatonal.

Las tareas son analizadas por el Municipio junto con la Agencia Local de Seguridad Vial y Obras Públicas, con distintas alternativas para mejorar la circulación y ordenar el estacionamiento. Entre las opciones bajo estudio también aparece la de aumentar el estacionamiento a 45 grados, una modalidad que permitiría incrementar la cantidad de vehículos por cuadra, aunque requiere evaluar su impacto sobre la visibilidad y la seguridad vial.

El escenario abre una discusión más amplia sobre el modo en que Viedma distribuye un recurso que tiene cada vez más demanda. Por un lado, el Municipio busca optimizar las celdas existentes, mejorar la forma en que se estacionan los vehículos y revisar la circulación en sectores conflictivos. Por otro, aparece ahora la posibilidad de revisar cuántos espacios quedan directamente fuera de ese circuito porque están reservados.

La propuesta de Vamos con Todos y los cuestionamientos de Damián Torres coinciden en un punto: los lugares destinados exclusivamente a organismos públicos deberían ser revisados. La diferencia está en el ámbito desde el cual se plantea la discusión: una iniciativa legislativa en el Concejo Deliberante y una crítica política que cuestiona los privilegios asociados al ejercicio de cargos públicos.

Torres lo resumió desde esa perspectiva al plantear que funcionarios y ciudadanos deberían estar sujetos a las mismas reglas. “Si empezamos a cambiar esa lógica, donde los ciudadanos y los políticos son iguales, vamos a empezar a mejorar muchísimo nuestra ciudad de Viedma”, sostuvo.

El proyecto, en tanto, lleva esa discusión al terreno de la normativa. La intención es que la reserva permanente deje de ser una herramienta disponible para organismos públicos y que el espacio exclusivo quede limitado a situaciones donde exista una justificación concreta y verificable.

La cuestión adquiere mayor peso porque el estacionamiento medido y pago ya no está administrado por una organización externa como ocurría con Anyarc, sino directamente por el Municipio, que tiene ahora bajo su responsabilidad tanto el funcionamiento del sistema como la administración del espacio público que regula.

La discusión que llega al Concejo Deliberante no será, entonces, solamente sobre carteles y lugares pintados en la calle. En el fondo, plantea quién tiene prioridad sobre el espacio público del centro de Viedma y hasta dónde una función estatal puede justificar un beneficio que no está disponible para el resto de la comunidad.

Mientras los vecinos siguen buscando dónde dejar el auto y deben pagar por el tiempo que permanecen estacionados, el dato de los más de 200 espacios reservados pone sobre la mesa una cuestión concreta: si esos lugares fueran liberados, cuánto cambiaría la disponibilidad de estacionamiento en el centro de la ciudad.