Por Pedro Pesatti*

Decía el gran escritor Tomás Eloy Martínez que los argentinos padecemos un mal crónico: callamos cuando hay que gritar y gritamos cuando es tiempo de reflexionar sobre el silencio que hicimos cuando era necesario alzar la voz. En este contexto, esa asincronía cívica —ese “gritar a destiempo”— se transforma hoy en una tragedia ambiental y humana, mientras el país arde y el Gobierno, en lugar de combatir el fuego, prefiere encender el odio.

Asistimos a una maniobra de distracción tan antigua como la injusticia misma. Ante los incendios forestales que devoran la Patagonia, el oficialismo intenta instalar una narrativa carente de pruebas que criminaliza a la comunidad mapuche. Se trata de una cortina de humo para ocultar una responsabilidad deliberada: mientras el relato busca culpables en las comunidades originarias, la realidad técnica demuestra que el Gobierno nacional decidió desfinanciar las acciones preventivas fundamentales del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

En efecto, un incendio no se combate únicamente cuando las llamas alcanzan el cielo; se combate, sobre todo, durante el invierno. Es un hecho indiscutible que, como consecuencia del desfinanciamiento mencionado, se han abandonado en la proporción adecuada las tareas de limpieza de biomasa y eliminación de combustibles forestales que deben realizarse antes de la llegada del calor. Paralelamente, se ha dejado de invertir en la colocación y mantenimiento de dispositivos de monitoreo para alertas tempranas, herramientas críticas para detectar focos antes de que se tornen incontrolables. Por lo tanto, el fuego no es consecuencia del accionar de una comunidad estigmatizada por el racismo subyacente —lo que debiera producirnos una profunda vergüenza—, sino el resultado directo de un programa que en 2024 ejecutó apenas el 26% de su presupuesto y que, para 2026, ya proyecta un recorte real superior al 70%. El bosque es hoy un polvorín porque Milei dejó de cuidarlo.

Esta metodología de “recaudar para no gastar” constituye el ADN de la gestión actual. Por ejemplo, cada argentino que carga nafta tributa de manera automática el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), cuyo fin específico es el mantenimiento de la red vial. Sin embargo, el Gobierno ha retenido o desviado más de 340.000 millones de pesos de estos fondos. Las rutas, día a día, se transforman en trampas mortales mientras el dinero del contribuyente se usa para alimentar el fetiche del superávit fiscal y el pago de una deuda externa que compromete el futuro del país de manera incalculable, en tiempos donde la mayoría ha optado —como sucedió en otros momentos de la historia reciente— por taparse los oídos, quedar en silencio o marginar, impugnar y vetar las ideas disidentes.

No obstante, la crueldad encuentra su máxima expresión en el desguace del sistema de salud y seguridad social. El vaciamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas ha dejado en la vulnerabilidad absoluta una política que permitía salvar la vida de 7.000 recién nacidos cada año. Esta desidia se replica en el desmantelamiento del Plan ENIA para prevenir el embarazo adolescente y en una subejecución del 55% en las partidas de medicamentos oncológicos. En este escenario de abandono, el impacto sobre las personas con discapacidad es devastador: el recorte en las pensiones no contributivas y la interrupción en la entrega de insumos y tratamientos de rehabilitación configuran un ataque directo contra su autonomía. Bajo la lógica de esta gestión, un bebé con una patología cardíaca, un enfermo de cáncer o una persona con discapacidad dejan de ser sujetos de derecho para convertirse en meros “gastos” que deben ser pulverizados. Milei sigue recaudando lo mismo que se recaudó siempre, pero la realidad es que el medicamento no llega y la cirugía se suspende, todo en función de alcanzar ese récord que el presidente ostenta con orgullo: ejecutar el ajuste más grande (y salvaje, agrego yo) en la historia de la humanidad.

Desde luego, este sacrificio no es equitativo. Mientras se licúa el ingreso de los jubilados en un 27,4% y se pulveriza el salario real frente a una inflación persistente, el Gobierno beneficia a los sectores más concentrados de la economía. La reducción del Impuesto a las Ganancias, por caso, favorece a un círculo de apenas 144 grandes empresas que concentran el 56% del beneficio fiscal. Así, se dejan de recaudar billones para favorecer a las corporaciones, mientras se desprotegen los bosques, se desfinancian los remedios y se funden las pymes ante la caída del consumo y la apertura indiscriminada de importaciones que conllevan, además, la destrucción de empleos y trabajo.

Un país no puede gobernarse indefinidamente con eslóganes. Una macroeconomía sostenida exclusivamente sobre el endeudamiento externo y el ajuste de los más vulnerables es un gigante con pies de barro. Como advertía al comienzo del texto, no es tiempo de silencios cómplices ni de gritos a destiempo. Expresarse con la voz a pleno es un acto de legítima defensa frente a un modelo de ajuste que están pagando nuestros bosques en llamas, los enfermos sin medicinas y los ciudadanos más desprotegidos, considerados como sobras en este paradigma de ideas tan estrafalarias que resulta inconcebible aceptar que se hayan pergeñado en torno al sagrado concepto de la libertad.

(*) Vicegobernador de Río Negro