Por Osvaldo Nemirovsci (*)

 "La reforma laboral propuesta no constituye una respuesta a los problemas estructurales de la economía. Por el contrario, avanza sobre derechos laborales fundamentales, debilita la negociación colectiva y restringe la organización sindical, configurando un retroceso inadmisible en materia de derechos sociales y democráticos" – Documento de dirigentes gremiales de la CGT

Si los gobernadores, sobre todo los peronistas, evalúan  la ley de Reforma Laboral solo en virtud de la pérdida de ingresos que tendrán por la baja del monto coparticipable, y se dedican a pelear por  una "compensación ", están mirando con un solo ojo y el hemisferio cerebral equivocado ya que no tomarán en cuenta el inmenso daño que se les hará a los trabajadores, y como mandatarios de espacios territoriales donde habitan miles de empleados, obreros y laburantes de todo tipo deben tener la responsabilidad de acordar con sus legisladores la oposición a la mala propuesta regulatoria que ha enviado el gobierno.

No se trata de oponerse porque sí. Existen motivos en este proyecto de Reforma Laboral que merecen ser puestos en la mira y opinión pública.

La llamada “ley para la modernización laboral  es una reforma escasamente justificada en la hermenéutica jurídica pues se aparta de la interpretación clara de una norma establecida y en  el reconocimiento de un instituto fuertemente instalado en las jurisprudencias del derecho positivo, normas de rango constitucional, acuerdos ut supra internacionales y la inmensa mayoría del derecho constitucional reconocido como tal en miles de fallos de tribunales de menor cuantía.

Y este proyecto, no puesto en debate ante ningún foro público y solo alentado por funcionarios cooptados por ideologías férreas de un liberalismo lleno de naftalina y promocionado por periodistas incultos del derecho y del mundo laboral, es importante pues pretende modificar todo un orden jurídico protectorio de los trabajadores en las relaciones laborales que en Argentina se sostiene en doctrina de larga data y reconoce en su origen firmes luchas para obtener el necesario, y aun insatisfecho equilibro en el asimétrico mundo de las relaciones entre trabajadores y la patronal.

No hay justicia cuando la norma deja sin resguardo del derecho laboral a trabajadores bajo inciertas y dudosas figuras de “colaboradores”, “autónomos que facturan”, “trabajadores independientes” y que deberán regirse por Códigos ajenos al derecho del trabajo como son los civiles y comerciales. Más allá de fundamentos técnicos que pasare a detallar, el tema cobija, con cierta pretensión de camuflaje, una fuerte decisión política de regreso a situaciones históricas donde las relaciones sociales se definían en función de fuerzas de poder y no de basamentos legales acordados y establecidos por mecanismos democráticos. Se quiere, hoy, una situación que quite valoración ontológica a la justicia laboral y se regrese a un mundo donde los trabajadores carecían de tutela legal y la vulnerabilidad era la constante de sus vidas.

Aparecen en el proyecto puntos donde en función de “inocentes” cambios menores se logra mejorar la posición económica de la patronal como es el caso de las creación de los FAL, Fondos de Asistencia Laboral que es para pagar indemnizaciones y que se forman con el aporte obligatorio del 3% de las remuneraciones de todos los trabajadores. Lo que ocurre es que ese 3% no lo aporta la patronal sino que los empleadores, incluidos en el régimen, acceden a una reducción de 3 % en la contribución patronal al SIPA/Sistema Integral Previsional Argentino . El fondo conformado para pagar futuras indemnizaciones es gratuito para el empleador, solo lo descuenta de sus aportes al sistema previsional (SIPA/ANSES) con lo que se desfinancian de manera irresponsable los recursos de la seguridad social y toda indemnización pasa a no tener costo para la patronal. La van a sostener los jubilados y aquellos que cobren AUH. ¡Asi está en el texto del proyecto!

Esto, amén de la injusticia con que se reubica un costo lógico para las empresas a las espaldas de jubilados, es una clara transferencia de recursos económicos desde el universo laboral al capital y hay que sumarle 1 punto más que ganan las empresas al disminuir el aporte patronal a las obras sociales de 6 a 5%.

En definitiva, si se aprueba este punto de la ley, toda la patronal en tiempo record pasa a tener una ganancia extra de ¡cuatro puntos! ¡4%! del total de la masa salarial. ¡Sepan que es una fortuna!

En el tema indemnizatorio modifican que al cálculo para pagar no se incorporan los valores de aguinaldo y vacaciones ni se toma en cuenta el dato de los mejores diez años sino que se hará un promedio, también incluyen el concepto de “tope indemnizatorio”. Estas tres mutaciones son contrarias al interés del trabajador cesanteado. Otra enorme ventaja para la patronal. Festeja la patronal, con champagne, estas visiones de Sturzenegger y Milei.

El régimen de Compensación de horas extraordinarias de trabajo  o Banco de Horas es digno de los Hermanos Marx, por lo grotesco. Se perderán, sin duda alguna, todas las horas extras y sobre todo aquellas que se cobran doble o más en días feriados o domingos.

El planteo de descentralizar las negociaciones colectivas priorizando lo individual y las estructuras gremiales por empresa, debilita desde ya el rol de los sindicatos y federaciones y promueve acuerdos fuertemente desiguales debido al tipo de organización gremial y su fuerza relativa para luchar por sus reclamos. Pero tampoco debe ser del gusto de la patronal de los grandes emprendimientos pues en lugar de convenir con un solo interlocutor sindical deberán hacerlo con comisiones internas de fábrica o nuevos sindicatos de empresas.

Esto forma parte de los puntos del proyecto que buscan debilitar la fuerza colectiva de los sindicatos junto al intento que los Convenios Colectivos queden en una nebulosa legal y que el histórico derecho de huelga sea legalmente cubierto por el texto del decreto 70/23 y la incorporación de mas sectores laborales al carácter de servicios esenciales para que no puedan desarrollar medidas de lucha.

Plantea que durante una huelga los trabajadores deberán asegurar un servicio mínimo que puede llegar hasta el 75%, con lo que deja de existir el derecho de huelga como un instrumento apto para los trabajadores.

En realidad todo esto tiene un sentido técnico reaccionario y pre diluviano, antiguo y con  intento de regresar a categorías subalternas a la gente que trabaja y también posee un objetivo que es disciplinar la fuerza laboral, lo que es peor ya que habla de una vocación por cierta restauración conservadora que llevaría a la Argentina a los años previos a la sanción de la Ley Sáenz Peña (1910). Por eso serán objeto de regulación las asambleas de trabajadores las cuales requerirán autorización expresa del empleador (¿Por qué daría permiso?) y durante su efectivización se le descontará el salario a quienes participen.

Ya hemos pasado por esto. ¡De que cabeza ocupada por ideologías y sueños de pesadilla puede salir tanta vocación por reiterar fracasos que causaron dolor y angustia en millones de compatriotas! En los años 90 se probó con el neoliberalismo atado políticamente a una mirada coyuntural del justicialismo y fue un claro signo negativo para la historia laboral del pais. Se flexibilizaron las relaciones de trabajo, lo contractual tradicional mutó en nuevas formas, se limitaron las indemnizaciones por despido, se morigeraron derechos laborales creyendo que eso produciría mejor competitividad empresarial, se abrieron importaciones, se descentralizaron las negociaciones colectivas. Mucho de lo que ahora se busca, ya se hizo ¿y cuál fue el resultado que todos conocemos? Una crisis que llegó en los años 2000 y 2001 donde el total de los indicadores sociales y económicos tocaron el subsuelo demostrando los escasos límites de ese modelo y lo maligno de su aplicación. La pobreza trepó rápidamente, la desocupación se cuadruplicó (¡sí, cuadruplicada!) y la calidad de vida de toda la población trabajadora, humilde e incluso sectores medio cayó a niveles inéditos.

No habrá mejora alguna desde la simple enunciación de una ley laboral mientras el mercado no mejore condiciones. En la medida que no haya dinero en los bolsillos de los habitantes. No mejoraran condiciones de producción con todas estas ventajas que pretenden asignarle a la patronal. Habrá conflicto y la naturaleza antijurídica de este proyecto ya prefigura su judicialización y la improbabilidad de su aplicación.

Hay experiencias internacionales que hablan de la dificultad de llevar a cabo estas prácticas regulatorias tan desfavorables para los trabajadores. Francia, Portugal, Chile, México entre otro han comprobado en situaciones similares la decepción con estas políticas.

Las reformas auguran falsamente reactivaciones productivas y económicas que requieren de otros carriles, que no son el recorte de derechos laborales, para ser fructíferas.  No habrá más competitividad ni aumentará el flujo inversionaista externo por este proyecto. Los datos de la historia son concluyentes y demuestran lo contrario. Y en caso que pueda ocurrir tienen la perentoriedad de ser transitorios, pero lo que si cambia y por mucho tiempo son las condiciones de vida de millones de trabajadores y desempleados y allí los costos sociales son infinitos y de consecuencias devastadoras para las familias, su tranquilidad social, su salud y su futuro. De eso tienen que hacerse cargo los que hoy defienden la ley.

Mucho más peligroso que un cambio regulatorio es la consecuencia social que, de aprobarse esta ley, se producirá en el pais donde el aumento de la precarización en los empleos y la carencia de derechos que protejan va a afectar la calidad de vida de millones de familias, va a obturar su movilidad social y va a destruir cierta coherencia social de la que Argentina hace gala como característica muy propia del pais a diferencia de otras naciones de la América latina. El destino de enormes franjas etarias que entrarían al mercado laboral bajo estas condiciones ofrecerá volubles objetivos de estabilidad en sus trabajos y de seguridad social y previsional. Vivirán años y años en la incertidumbre.

(*) Diputado Nacional MC