Por Pedro Pesatti*

“La política de los pueblos está escrita en su geografía”. Esta sentencia, atribuida a Napoleón Bonaparte, condensa un principio rector de gobierno que en la Argentina rara vez se considera con la debida gravedad. En efecto, ningún proyecto nacional puede sostenerse en el tiempo si ignora la lógica profunda de su territorio o si prescinde de una lectura crítica de su geografía al momento de tomar decisiones. No se puede —o, más precisamente, no se debe— concebir la acción de gobierno escindida del campo de posibilidades que la geografía humana y física establece como horizonte de lo posible. Sin embargo, en la Argentina esa lectura estratégica parece haber quedado cristalizada en el siglo XIX: seguimos pensando la Nación desde un esquema mental radial, obsesivamente concentrado en el puerto de Buenos Aires, como si las vastedades que se proyectan hacia el sur fueran apenas un telón de fondo y no el núcleo potencial de una integración territorial efectiva.

Esta distorsión, por cierto, no es novedosa. Ya en 1850, Domingo Faustino Sarmiento advertía en Argirópolis que la hegemonía porteña resultaba incompatible con un federalismo genuino y proponía la creación de una capital neutral como antídoto. Más de un siglo después, Ezequiel Martínez Estrada formuló el diagnóstico más brutal y certero: Buenos Aires como una “cabeza de Goliat” apoyada sobre un cuerpo raquítico. Lejos de tratarse de una metáfora meramente literaria, era una descripción estructural. La macrocefalia porteña no solo concentraba poder político y económico, sino que drenaba población, inversiones y expectativas del resto del país, produciendo un desequilibrio que el tiempo no hizo más que profundizar.

Si la estadística de los años ochenta ya resultaba elocuente —con un Gran Buenos Aires que, ocupando menos del uno por ciento del territorio, absorbía un tercio de la población y casi el 40 por ciento del producto bruto—, cuatro décadas más tarde el diagnóstico se torna lapidario. Esa concentración se ha exacerbado bajo la figura del AMBA: un conglomerado urbano sobredimensionado, atravesado por profundas fracturas sociales y aquejado de una evidente hipertrofia política. Esta realidad contrasta, casi con violencia, frente a un interior signado por inquietantes vacíos demográficos y una crónica ausencia de inversión estatal. Así, la Argentina se revela hoy, con más crudeza que nunca, como una nación macrocefálica y raquítica a la vez.

Es en este contexto de asimetría estructural donde cobra renovada vigencia un aniversario insoslayable. Este año se cumplen cuarenta años de una de las iniciativas políticas más disruptivas desde la organización del Estado moderno: el proyecto del presidente Raúl Alfonsín de trasladar la Capital Federal a Viedma. Aquel anuncio del 16 de abril de 1986, realizado desde los balcones de uno de los edificios más emblemáticos de la excapital del Territorio Nacional de la Patagonia (1878), no constituyó una excentricidad ni una fantasía tecnocrática; fue, por el contrario, un intento deliberado de alterar la lógica profunda del poder real en la Argentina.

Alfonsín comprendió —con una lucidez geopolítica que con frecuencia ha sido subestimada— que la Patagonia no era un desierto periférico ni un simple reservorio de recursos a ser explotados desde centrales operativas en Puerto Madero. Su concepción se apartaba nítidamente de una valoración meramente extractivista del territorio, tan frecuente en la actualidad, que reduce al sur a un inventario de commodities. Para Alfonsín, la Patagonia era un espacio a poblar, integrar y organizar políticamente; un territorio llamado a convertirse en sujeto activo del proyecto nacional y no en su retaguardia sorda y muda. En esa clave debe entenderse su diagnóstico sobre la indefensión estructural del sur argentino, derivada de la extrema concentración del poder político, económico y demográfico en el área metropolitana.

No era casual, sostenía, que la ocupación colonial de las Islas Malvinas y la consolidación del control británico sobre el Atlántico Sur hubieran sido posibles frente a un país que daba la espalda a su propio territorio austral. Ningún enclave colonial —afirmaba al enumerar las razones de su proyecto— puede sostenerse a largo plazo frente a una región densamente poblada, integrada y políticamente central. En ese marco, Viedma no era una capital periférica ni una solución circunstancial, sino el punto desde el cual podía reordenarse el mapa del poder nacional: el centro longitudinal de la Patria, equidistante de los extremos y capaz de quebrar definitivamente la lógica portuaria heredada del siglo XIX.

Desde esa perspectiva, el presidente proponía una mutación profunda del paradigma territorial argentino: pasar de una Argentina fluvial, ensimismada en el Río de la Plata, a una Argentina oceánica, proyectada hacia el Atlántico Sur y la Antártida. La consigna “crecer hacia el sur, hacia el mar y hacia el frío” condensaba una potencia simultáneamente poética y estratégica; definía una visión de país, pero también una estética de Estado que hoy parece haber sido vandalizada. Bajo esta lógica, el traslado de la capital operaba como palanca simbólica y material de una reforma mayor, que incluía la provincialización de Tierra del Fuego —único hito efectivamente concretado— y la creación de una nueva provincia en el área metropolitana para descomprimir el conurbano bonaerense.

Cabe subrayar que el Congreso de la Nación acompañó esa visión. La sanción de la Ley 23.512, el 27 de mayo de 1987, que declaraba capital de la República a los núcleos urbanos de Viedma, Carmen de Patagones y Guardia Mitre, fue el resultado de un debate intenso y transversal. No hubo improvisación, sino decisión política, respaldo legislativo y planificación técnica. Se creó el Ente para la Construcción de la Nueva Capital (ENTECAP) y se diseñaron planes urbanos inspirados en la experiencia de Brasilia, orientados a edificar una ciudad administrativa austera, funcional y moderna. En este contexto, el apoyo del Peronismo Renovador, liderado por Antonio Cafiero, constituyó un aporte clave que permitió superar las posturas conservadoras y retardatarias que, dentro del mismo arco opositor, encarnaba por entonces la ortodoxia del justicialismo.

No hay dudas de que la historia argentina suele mostrarse implacable con sus proyectos estructurales. La crisis económica, la hiperinflación y la creciente inestabilidad institucional de fines de los años ochenta —agravada por los sucesivos alzamientos carapintadas, que erosionaron la autoridad presidencial y condicionaron severamente la capacidad de acción del gobierno democrático— fueron debilitando el margen político para sostener la iniciativa. Años más tarde, el propio Alfonsín reconocería como un grave error no haber iniciado la mudanza, aunque fuera de manera simbólica —”en carpa”, llegó a decir—, para volver irreversible el proceso. Tras el cambio de gobierno en 1989, la lógica estratégica fue desplazada por el pragmatismo de la emergencia y el proyecto quedó archivado sin mayor debate público.

Este último detalle jurídico no es menor. La ley que declaraba la nueva capital nunca fue expresamente derogada por el Congreso. Aunque su exclusión del Digesto Jurídico en 2014 la dejó en un limbo normativo, permanece como un recordatorio incómodo de una oportunidad histórica abandonada. Cuatro décadas después, las razones que la justificaron no solo siguen vigentes, sino que se han vuelto más urgentes. Mientras el AMBA se consolida como el mayor problema demográfico, social y político del país, la Patagonia continúa esperando una integración real al sistema de decisiones nacionales.

Recordar el proyecto de la nueva capital no constituye, entonces, un ejercicio de nostalgia, sino una interpelación directa al presente. La geografía sigue escribiendo la política, aun cuando la política persista en ignorarla. En la Argentina contemporánea, el ordenamiento del territorio nacional rara vez ocupa un lugar central en la agenda pública, cuando en rigor debería constituir uno de sus pilares fundamentales. No hay desarrollo posible sin una organización inteligente del espacio; no hay crecimiento sostenible sin una lectura constante, rigurosa y estratégica del territorio sobre el que ese desarrollo pretende asentarse.

La experiencia histórica es elocuente: el progreso de una nación depende, en gran medida, de su capacidad para ordenar su territorio con la máxima sabiduría y conocimiento, entendiendo que la geografía no es un dato neutro, sino una estructura activa que condiciona —y a la vez habilita— las decisiones políticas, económicas y sociales. A tal punto es así que las provincias patagónicas fueron delineadas a escuadra y compás, bajo lógicas geodésicas visibles para cualquiera que observe un mapa. Ese trazado abstracto, ajeno a cuencas, sistemas productivos, corredores naturales o densidades humanas, sigue revelando hasta hoy un profundo desprecio por la lectura más elemental que la política se debe a sí misma: comprender el territorio antes de organizarlo.

Organizar el mapa de la República de tal modo —y persistir en la mirada centralista que lo reproduce— constituye una evidencia contundente de cuánto hemos desatendido la exigencia primordial que la geografía impone a la acción política. Leer permanentemente el territorio, interpretar sus escalas, sus vacíos, sus potencialidades y sus límites, y ordenar el espacio nacional en función de un desarrollo integral y equilibrado, no es una tarea menor: es, en esencia, una responsabilidad estratégica de toda la dirigencia política. Allí reside, quizás, una de las claves más profundas del fracaso argentino y, al mismo tiempo, una de las oportunidades aún abiertas para corregirlo. Alfonsín, hace cuarenta años, marcó con el señalador de su proyecto la lectura interrumpida.

*Vicegobernador de Río Negro - Ex intendente de Viedma