Por Andrés Alavarenga*

En los últimos meses, el gobierno nacional ha tomado decisiones que profundizan la crisis institucional, económica y social del país. No son hechos aislados: son parte de un rumbo político que combina vetos permanentes, recortes presupuestarios, sospechas de corrupción y un preocupante aislamiento del poder central respecto a las provincias y a la gente.

Esta semana el Congreso dio señales contundentes. La Cámara de Diputados rechazó los vetos presidenciales al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica del Hospital Garrahan. El Senado hizo lo mismo con el veto a la ley de reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). No es un gesto simbólico: es el límite que marca el Parlamento a un Ejecutivo que cree que puede gobernar a fuerza de decretos y tijeras, aun cuando lo que se recorta son derechos básicos como la educación y la salud, y aun cuando la sociedad le está indicando con el voto que hace falta un cambio de rumbo, como pasó el pasado 7 de septiembre en Pcia. de Bs As,

Mientras tanto, la realidad económica contradice al discurso oficial. Los índices de inflación pueden mostrar descensos, pero en la calle los salarios no alcanzan, las tarifas suben y la pobreza crece. La gente no llega a fin de mes. Los intendentes y gobernadores reciben el reclamo diario, pero los recursos no llegan porque la Nación decide concentrar fondos y recortar transferencias. El abandono a las provincias no es una sensación: se traduce en escuelas sin insumos, hospitales desfinanciados y rutas deterioradas.

A este escenario se sumó una “semana negra” en la economía: el dólar volvió a subir con fuerza, el riesgo país se disparó, y el Banco Central debió vender más de 1.100 millones de dólares en apenas tres jornadas para contener la corrida cambiaria, en la tan cuestionada intervención del Estado en el mercado. El mismo gobierno que critica la presencia estatal en la economía terminó recurriendo a ella de manera desesperada, poniendo en riesgo reservas y confianza. Como si esto fuera poco, se discute ahora un nuevo endeudamiento con el Tesoro estadounidense. En un país que ya tiene cicatrices profundas por la deuda, la respuesta vuelve a ser más deuda.

El contraste con lo que ocurre en Río Negro no puede ser más claro. Mientras el gobierno nacional piensa cómo endeudarse más, la provincia anunció esta semana una reducción del 39,4 % de su deuda en dólares en menos de dos años: de 413 millones a 178 millones. En términos relativos, pasó de representar el 63 % de los ingresos provinciales al 14 %. Esa decisión muestra que hay otro camino: ordenar las cuentas, desdolarizar pasivos y planificar con previsibilidad.

Al cuadro económico y político se le suma el frente más grave: la sospecha de corrupción. Los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad, revelan presuntos pedidos de coimas y sobreprecios. En esas grabaciones aparece mencionado un “3 %” vinculado a Karina Milei, lo que pone bajo la lupa al círculo más cercano del poder. La confirmación de que Spagnuolo borró mensajes de su celular antes de entregarlo a la Justicia alimenta aún más la desconfianza. Un gobierno que llegó prometiendo acabar con la “casta” queda señalado por las mismas prácticas que decía combatir.

La creación de la llamada “Mesa Política Nacional” tampoco cambió nada: los mismos nombres, las mismas lógicas. Es apenas maquillaje en un esquema cerrado, que no escucha a nadie y que gobierna desde Buenos Aires como si las provincias fueran simples espectadoras.

En este contexto, los representantes de Río Negro tienen una obligación ineludible: defender la provincia por encima de cualquier disciplina partidaria. Quienes lleguen al Congreso deben llevar la camiseta de Río Negro, porque ahí se juega el futuro de nuestra economía, de nuestros trabajadores, de nuestros recursos. El motor productivo del país está en el interior, y si ese motor se apaga, se apaga la Argentina entera.

No se trata de ser opositor por conveniencia. Se trata de ser democrático y advertir que este modelo de gestión es insostenible. Hay olor a 2001: malestar social creciente, pérdida de credibilidad política, sospechas de corrupción y un poder ejecutivo debilitado que insiste en avanzar sin diálogo. La historia nos obliga a decirlo a tiempo.

En octubre, lo que está en juego no es una disputa partidaria, es la defensa de nuestras provincias. Río Negro ya demostró que se puede ordenar, producir, reducir deuda y proyectar futuro. La pregunta es si nuestros legisladores van a defender ese camino o si se van a subordinar a un poder central que solo ofrece vetos, recortes y endeudamiento, ni a dirigentes nacionales que no piensan en el beneficio de los rionegrinos.

Defender a Río Negro no es un capricho localista: es defender la producción, el trabajo y la democracia federal. Porque cuando se debilitan las provincias, se debilita todo el país. Y cuando la Nación abandona, es desde acá donde debemos sostener. Por eso, más allá de cualquier camiseta partidaria, la única que importa hoy es la de Río Negro. Y la defensa de Río Negro, nace acá.

*Presidente Igualdad Rio Negro