El Gobierno nacional dispuso el pase a disponibilidad de casi 300 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), a pesar de que el Congreso rechazó el Decreto 462/25 y de que la Justicia Federal había dictado una medida cautelar que impedía avanzar con esa resolución. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que la decisión constituye una vulneración del Estado de Derecho y anticipó que recurrirá nuevamente a la Justicia.

La resolución fue firmada por el Ministerio de Economía el jueves a las 19:28, poco más de una hora después de que el Senado votara el rechazo al decreto impulsado por el Poder Ejecutivo. Según el documento oficial, se dispuso la disponibilidad de 367 agentes de planta permanente: 286 del INTA, 49 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), 8 del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y 97 de la Agencia de Seguridad Vial.

Desde ATE, el secretario general Rodolfo Aguiar sostuvo que la medida desconoce tanto la decisión parlamentaria como la orden judicial que prohibía ejecutar cualquier acto administrativo derivado del decreto. El dirigente señaló además que entre las personas afectadas se encuentran delegados gremiales y trabajadores que participaron en movilizaciones, lo que, a criterio del sindicato, configura una situación de persecución sindical.

La cautelar dictada esta semana por la Justicia Federal había ordenado al Gobierno abstenerse de ejecutar los pases a disponibilidad. Sin embargo, ATE denunció que el listado publicado por el Ejecutivo incluye a representantes gremiales protegidos por el artículo 48 de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, que establece que no pueden ser despedidos, suspendidos ni modificadas sus condiciones laborales.

El sindicato anunció que presentará en las próximas horas una nueva acción judicial para frenar la aplicación de la resolución. Además, no se descartan medidas de fuerza en respuesta a lo que consideran un incumplimiento por parte del Ejecutivo.

La decisión del Gobierno se produjo en un contexto de creciente conflicto entre los poderes del Estado, luego de que el Congreso rechazara definitivamente el decreto que proponía la reestructuración del INTA y otros organismos públicos.