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Los hospitales públicos de Río Negro atraviesan una crítica situación ante la falta de personal, el cierre de servicios y la sobrecarga laboral que afecta a trabajadores y trabajadoras de la salud, según revelaron referentes gremiales del sector. La dirigente de Asspur, Cesira Mullally, manifestó que el anuncio del Gobierno provincial de avanzar con la exención del Impuesto a las Ganancias sobre las guardias fue recibido con “agrado” en principio, aunque advirtió que no existen detalles claros sobre cómo se aplicará esa decisión, y alertó que la medida no resuelve los problemas salariales estructurales ni las condiciones laborales deterioradas que afronta el personal sanitario.
Mullally señaló que “es positivo que el Gobierno haya decidido escuchar este reclamo, que genera serias dificultades a la hora de cubrir los servicios”, aunque remarcó que las guardias muchas veces no son elegidas de forma voluntaria, sino que se realizan por dos motivos: la obligación de garantizar la continuidad de los servicios hospitalarios y la necesidad de incrementar salarios que son insuficientes para alcanzar la canasta básica. “El salario magro que tenemos lamentablemente nos obliga a engordarlo con horas extras o guardias, que tampoco todos los trabajadores pueden realizar”, explicó la referente sindical.
Desde Asspur plantearon su preocupación sobre la falta de precisiones respecto al mecanismo que permitirá efectivamente excluir las guardias del tributo. “No hay claridad sobre cómo se va a evitar el pago del impuesto y las horas extras siguen tributando”, expresó Mullally, quien además recordó que existe una demanda por inconstitucionalidad contra el Título V de la Ley Bases, que reinstala la carga impositiva sobre los salarios en la cuarta categoría. “El salario no es ganancia, y esto genera un impacto muy fuerte en salud, donde además no sabemos de qué manera la provincia implementará la medida”, advirtió.
La dirigente también señaló que en el sector de salud, desde la caída de la exención en 2023, la cantidad de trabajadores alcanzados por el impuesto se incrementó notablemente debido a la eliminación de beneficios como la zona patagónica y la inclusión de todos los conceptos salariales en la base de cálculo. “Nos preocupa que esto derive en que pasemos a cobrar las guardias de una manera no registrada”, sostuvo Mullally, quien remarcó que hasta ahora no han recibido información oficial ni por parte del Ministerio de Salud ni de otras áreas del Ejecutivo.
Por otra parte, la gremialista cuestionó el impacto de la pauta salarial fijada por el Gobierno provincial, que alcanzó dos meses de vigencia y cuya progresión no logra cubrir ni la inflación ni la pérdida de poder adquisitivo de años anteriores. “Hoy hay trabajadores profesionales que apenas superan el millón cien mil pesos de salario de ingreso, mientras que otros, con guardias y horas extras, llegan a 1,3 millones, pero esa diferencia está atada a sobrecarga laboral”, afirmó. Además, subrayó que esta situación empuja a quienes pueden hacerlo a abandonar el sistema público para migrar al sector privado o a sobrecargarse con más horas para poder sostener sus ingresos.
Asspur también denunció la falta de diálogo formal con el Ejecutivo provincial para abordar estas problemáticas. Mullally recordó que la última instancia de intercambio fue en enero de este año durante una audiencia, no una mesa sectorial, donde plantearon temas como las condiciones laborales, las guardias no remuneradas adecuadamente, la cobertura de servicios y la situación de las especialidades médicas no reconocidas. “Desde entonces hemos presentado varias notas solicitando una mesa de salud y no hemos tenido respuesta. Nos preocupa que el Gobierno no convoque y evite discutir la realidad del sector”, enfatizó.
El gremio también alertó sobre el deterioro progresivo de las condiciones en los hospitales y la falta de personal para cubrir servicios esenciales. Mullally detalló que durante recorridas realizadas recientemente en unos quince hospitales detectaron “servicios cerrados, naturalización de precariedades y falta de respuesta institucional”. Como ejemplo, mencionó la situación de San Antonio Oeste, donde durante quince días al mes no se pueden realizar partos porque no hay ginecólogos disponibles, lo que obliga a derivar a las personas embarazadas a Viedma. “Es una situación insostenible y riesgosa, que se repite desde enero”, explicó.
La referente sindical apuntó también que, frente al argumento oficial de que no hay profesionales disponibles, las cifras no reflejan esa realidad: “Se anotaron más de 450 profesionales para cubrir vacantes, pero apenas ingresaron 90 y varios ya se fueron. Eso muestra que no es que no haya personal, sino que las condiciones salariales y laborales que ofrece el sistema público no son atractivas ni competitivas”, concluyó.
Desde Asspur manifestaron que seguirán reclamando un espacio de negociación sectorial que permita abordar de fondo la recomposición salarial, la estabilidad de las condiciones laborales y la resolución de los problemas estructurales que, aseguran, están afectando el funcionamiento y la calidad del sistema público de salud en toda la provincia.
16 mayo 2025
Gremiales