Los bloques Legislativos Frente de Todos, Unidad Ciudadana y Kolina rechazaron al iniciativa del Poder Ejecutivo que propone sustituir las disposiciones de la Ley de Tierras y ratificar el dominio sobre las tierras fiscales provinciales y nacionales en territorio rionegrino.

El proyecto, de autoría del bloque Juntos Somos Río Negro, fue igualmente aprobado con el acompañado de los bloques del Frente Renovador y Frente Grande, en un sesión que se caracterizó por la polémica. En pleno tratamiento del mencionado proyecto, representantes de las comunidades originarias que se encontraban en el recinto observado se retiraron cuando se aprobó la iniciativa recordando a viva voz a los legisladores, que estaban votando una ley inconstitucional.

Durante el debate, el legislador Lucas Pica explicó que la iniciativa fija un régimen general para la administración, disposición y enajenación de tierras fiscales.

Afirmó que la ley Q n° 279 de Tierras Fiscales fue sancionada hace 62 años y que propició un marco legal para el logro de objetivos que tenían que ver con la idiosincrasia de esa época, como favorecer el poblamiento de la provincia, la distribución y producción de la tierra o la organización estatal del uso del suelo no urbano.

En este sentido, señaló que la necesidad de desarrollo actual requiere nuevas soluciones normativas, y que “aquel legislador de 1961 no podía contemplar desarrollos productivos que motorizan nuestra economía, como por ejemplo, emprendimientos turísticos, mineros, e incluso, proyectos de conservación de fauna y flora autóctona, que no tienen recepción normativa.”

“Tenemos que darle además una respuesta a ese viejo tenedor para que puede regularizar, porque efectivamente los instrumentos normativos de hoy no le otorgan esa solución”, expresó.

Señaló que si bien la norma requiere de esta actualización, la mirada conceptual e ideológica sigue siendo la de los constitucionalistas de 1957, que establecieron que “la tierra debe ser para quien la trabaja”.

Como organismo de aplicación se dispone a la Dirección de Tierras, a la que se le va a dar “mucha potencia y poder de policía”. Y a su vez, se prevé su articulación con los organismos que tienen competencias específicas sobre Áreas Naturales Protegidas y Bosques.

Con algunos miembros de la comunidad Mapuche presentes en el recinto a modo de protesta, aclaró que la propuesta incluye un artículo de “autoexclusión normativa”, es decir, que no podrá legislar sobre algunas cuestiones, como por ejemplo lo atinente a las comunidades originarias, que se seguirán rigiendo por la ley Integral del Indígena -2287-.

Ramón Chiocconi (UC) adelantó el voto negativo de su bancada y cuestionó que si bien la norma tiene 62 años, no le parece que sea “urgente” reformarla. Compartió “que es imperioso generar todos los mecanismos que sean necesarios para regularizar y convertir todas las tierras fiscales en productivas”, así como el espíritu desarrollista de la propuesta, pero consideró que el problema del acceso a la tierra es diverso y muy complejo, y que requiere de una política de Estado que cuente con “licencia social”.

“Nos han quedado muchas preguntas dando vueltas y estamos seguros que esas respuestas están en la comunidad, en las organizaciones ambientales, en los sectores productivos, en las universidades públicas, en nuestros pueblos originarios, en las organizaciones de la sociedad civil, pero no las hemos escuchado”, cerró.

El presidente de su bloque, Daniel Belloso, agregó que en tanto no se puedan incorporar mejoras a la propuesta antes de su tratamiento en segunda vuelta, no acompañarán la iniciativa.

De la misma manera, la titular del bloque del Frente de Todos, María Eugenia Martini, señaló que el problema para acompañar la votación es el poco tiempo que tuvieron para tratar un proyecto “sumamente cuestionado”. “Estamos hablando de casi 5 millones de hectáreas de tierras fiscales, un Código que se va a modificar y que deja afuera a sus principales protagonistas: las comunidades originarias y los pobladores rurales.”

También cuestionó las “superfacultades” que tendría la Dirección de Tierras y que no se incluyan en la ley a las comunidades indígenas, en vez de generar esta “excepción”.