Juan Bernardi está procesado por promoción de corrupción de menores y esa causa está elevada a juicio, pero el Consejo abrió un proceso por “mal desempeño y graves desordenes de conductas”, a partir de hechos relacionados a las mencionadas acusaciones penales en marcha.

La aceptación o rechazo de la renuncia corresponde al STJ aunque su presidenta, Liliana Piccinini remitirá esa presentación al Consejo de la Magistratura al considerar la existencia de un proceso de enjuicimiento en su contra. Este cuerpo evaluará el caso seguramente en su encuentro del jueves, cuyo temario incluía expedientes del caso de Bernardi.

El renunciante fue suspendido en marzo del año pasado. En octubre, la Procuradora General, Silvia Baquero Lazcano pidió el enjuiciamiento y la remoción de Bernardi al considerar la existencia de las “causales de mal desempeño y graves desórdenes de conducta” en relación a su condición de magistrado.

En su análisis, la Procuradora afirmó que durante aproximadamente un año “Bernardi empleó para prestar servicios remunerados en tareas de jardinería y otros afines en su chacra a Julio Antueque”, siendo esa conducta “incompatible con su función judicial” ya que “se encontraba cumpliendo una condena en suspenso por amenazas”. Ambos -actualmente- están procesados en la misma causa por corrupción de menores.

Agregó que durante el cumplimiento de esa condena, Bernardi, que “tenía pleno conocimiento de la situación de vulnerabilidad de aquél y sus antecedentes de adicción, le proporcionó bebidas alcohólicas”, hecho que lesionaba las pautas de conducta ordenadas a Antueque.

Además, el camarista renunciado -según Baquero Lazcano- “intervino de modo deliberado en el trámite de la causa contra Antueque, cuando ésta ya le correspondía a otro magistrado”. Lo recibió en su despacho junto a dos oficiales de prueba del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados que lo acompañaban. Destacó que “Bernardi hizo incurrir en error a los oficiales de prueba al no aclararles que ya no era juez de la causa”, omitiendo de modo intencional la debida intervención del camarista Carlos Reussi a quien le ocultó además “que el condenado Antueque se encontraba visiblemente alcoholizado y drogado en dependencias judiciales”.

También, la Procuradora consideró probado que el magistrado levantó en horario nocturno y en la vía pública (cercanías a la Terminal de Ómnibus) “a Antueque junto a diversas personas de las que debió suponer su condición de menores de edad” y “su situación de vulnerabilidad”.

Fuente: Diario Río Negro