El órgano estuvo presidido por la Dra. Liliana Piccinini, presidenta del Superior Tribunal de Justicia, e integrada por tres representantes del Poder Legislativo y tres representantes del Colegio de Abogados de la Cuarta Circunscripción.

También participaron la Procuradora General Dra. Silvia Baquero Lazcano, la Dra. Emilce Álvarez, que preside la Cámara de Apelaciones en lo Civil y el Dr. Julio Sueldo, que preside la Cámara Primera en lo Criminal. Durante la reunión se analizaron nueve expedientes disciplinarios.

Por el Poder Legislativo se presentaron los legisladores Facundo López, Alejandro Palmieri y Nicolás Rochás. Por el Colegio de Abogados asistieron los Dres. Javier Larrión, Jorge Gómez y Jorge Bello.

Participó también el secretario del Consejo de la Magistratura Dr. Juan Manuel Montoto y María Anoné Escot, que está subrogando el área disciplinaria.

Luego de la sesión, la Dr. Piccinini fue entrevistada por los medios de comunicación y en la oportunidad informó que se abordaron cuestiones disciplinarias porque en Cipolletti no estaban previstos concursos para coberturas de cargos.

“El objetivo de máxima es que todas las cuestiones disciplinarias que ingresan al Consejo se resuelvan en tiempos razonables, sí corresponde que se investigue la conducta se investigará y si no se desestima”, indicó.

“Ha sido una reunión que sirvió para poner en conocimiento al Consejo de la Magistratura de una decisión que ha tomado el Superior Tribunal de Justicia a fin de solicitar que hasta tanto se implemente la Reforma Procesal Penal no se designen nuevos camaristas ni tampoco secretarios del fuero  penal. Hay que ir analizando y viendo la conveniencia de incorporar, o no,  más jueces para el fuero”, continuó.

Agregó: “el Poder Judicial puso en marcha  la Unidad de Implementación para la Reforma Procesal Penal y también la Comisión Interpoderes que está trabajando para la modificación de leyes complementarias o necesarias para el funcionamiento de la reforma. En el caso de la Unidad está trabajando a pasos céleres porque tenemos que tener adecuada la infraestructura edilicia. Tenemos que hacer expedientes administrativos y licitaciones que llevan mucho tiempo porque debe tener los controles que corresponden y que están contemplados en la ley de contrataciones. Se está trabajando con mucha intensidad en cuanto a las capacitaciones y la infraestructura”.

También la Dra. Piccinini se refirió a la implementación de la Acordada 02/16 que dictó el Superior Tribunal de Justicia y que entró en vigencia el 1 de marzo. La norma establece la oralidad y publicidad en todos los actos procesales en instancia de instrucción y de apelación. Tiene por objetivo generar un proceso de adaptación de cara al nuevo Código Procesal Penal que regirá desde el 1 de marzo de 2017.

“La acordada provocó un impacto anímico positivo, se pusieron todos realmente a trabajar con ese norte y a oralizar todo lo que se pueda, aun sin tener la nueva ley. Ese es el objetivo de la acordada, poner en ejercicio la predisposición para hacer los actos procesales en audiencias orales y públicas, que nos lleva a resolver más rápido. Esto nos ayuda para saber de acá a marzo que vamos a necesitar en cuanto a recursos humanos, cantidad de jueces, de fiscales y defensores. También nos ayuda a lo que uno denomina “la purga”, pero purgar en el buen sentido de la palabra, es decir darle al expediente el tratamiento que le corresponde en este sistema y que no nos queden causas residuales que se convierten en una carga que nunca se resuelve. No queremos tener organismos residuales ni de transición. Queremos entrar a la reforma procesal penal lo más aliviado en cuánto a carga de expedientes porque esa es la buena manera de iniciar un nuevo sistema”, concluyó la Dra. Piccinini.