El anuncio de un programa de $2 billones para ampliar el crédito hipotecario generó críticas por las condiciones económicas que deberían afrontar las familias para acceder a una vivienda. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cuestionaron especialmente los ingresos requeridos y el nivel de ahorro necesario para acceder al financiamiento.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, salió al cruce del anuncio realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y sostuvo que los créditos planteados por el Gobierno nacional no se corresponden con la situación económica que atraviesan las familias trabajadoras.

El dirigente puso el foco en el ejemplo presentado por Caputo durante el anuncio. Para una propiedad valuada en USD 106.667, con un financiamiento equivalente al 75% del valor del inmueble, el crédito hipotecario ascendería a $120.920.000. Con una tasa de UVA + 7% y un plazo de 25 años, la cuota inicial estimada sería de $865.098.

De acuerdo con el esquema presentado por Economía, una relación cuota-ingreso del 25% exigiría un ingreso neto mensual de $3.460.391 para el grupo familiar. Ese dato fue utilizado por Aguiar para cuestionar la posibilidad concreta de acceso al programa para los sectores asalariados.

El secretario general de ATE sostuvo que “hoy ninguna familia trabajadora llega a tener los ahorros suficientes” para afrontar el valor inicial requerido y los ingresos necesarios para obtener un crédito hipotecario bajo esas condiciones.

La crítica también alcanzó al diagnóstico económico sobre el que se presentó el programa. Aguiar cuestionó que la iniciativa pueda traducirse en una reactivación de la economía y planteó que la construcción continúa estancada, mientras que, según su planteo, los puestos de empleo se encuentran en caída y los salarios atraviesan una pérdida de poder adquisitivo.

El cuestionamiento se produjo luego de que Caputo defendiera el programa como una herramienta con efecto multiplicador sobre la economía, a partir de la demanda que podría generar en sectores como la construcción, el equipamiento y el mobiliario.

Durante la presentación, el ministro también señaló que existe un amplio margen para el crecimiento del crédito hipotecario en Argentina. Según los datos expuestos, el stock de estos préstamos representa alrededor del 2% del PIB en el país, frente al 27% en Chile y al 50% en Estados Unidos.

Caputo indicó además que desde el inicio de la gestión el stock de créditos hipotecarios en pesos pasó de aproximadamente $7,5 millones a $16,8 millones, lo que representa un crecimiento nominal del 121% y del 57% medido en UVA.

Para Aguiar, sin embargo, esos números no reflejan las posibilidades de acceso de las familias trabajadoras. En su cuestionamiento sostuvo que existe una “desconexión con la realidad” y vinculó las dificultades para acceder a una vivienda con el nivel de endeudamiento que, según afirmó, atraviesan los hogares para afrontar necesidades básicas.

El dirigente de ATE señaló que una parte de la población se encuentra endeudada para cubrir gastos como alimentos o vestimenta, una situación que, desde su perspectiva, dificulta todavía más la posibilidad de reunir ahorros y alcanzar los ingresos necesarios para acceder a una vivienda mediante un crédito hipotecario.

El programa anunciado por Economía contempla depósitos a plazo fijo ajustables por UVA más un interés adicional, destinados a financiar créditos hipotecarios para personas humanas. Las licitaciones podrán alcanzar los $200.000 millones cada una y cada entidad financiera podrá recibir hasta el 20% del monto total.

El esquema establece dos tramos: uno a un año, con una tasa mínima de UVA + 2,50%, y otro a cinco años, con una tasa mínima de UVA + 4,50%. Para los créditos otorgados con estos fondos, las entidades no podrán establecer una tasa superior a UVA + 7,50%, deberán ofrecer un plazo mínimo de 15 años y el monto máximo será equivalente a 150.000 UVA.

Mientras el Gobierno presentó la iniciativa como una herramienta para ampliar el financiamiento de la vivienda y generar actividad económica, ATE cuestionó que las condiciones planteadas permitan el acceso efectivo de las familias trabajadoras y reclamó que el análisis del programa contemple la capacidad real de ahorro e ingresos de los hogares.