Comentarios considerados potencialmente discriminatorios realizados en grupos de WhatsApp relacionados con la actividad política de Sierra Grande derivaron en una intervención judicial que concluyó con la imposición de medidas de protección y restricciones de contacto por el plazo de seis meses.

La decisión fue adoptada por el Juzgado de Paz tras una denuncia presentada por una mujer que aseguró haber sido objeto de expresiones xenofóbicas vinculadas a su nacionalidad luego de haberse alejado de un espacio de participación política local.

De acuerdo con la presentación judicial, la denunciante tomó conocimiento de conversaciones mantenidas en distintos grupos de mensajería instantánea donde se hacían referencias a su persona y a su origen nacional. Como parte de la denuncia, aportó capturas de pantalla de los intercambios que, según se desprende de la resolución, contenían expresiones que podrían encuadrarse como agraviantes o discriminatorias.

La causa se tramitó en el marco de la Ley Contravencional y avanzó con la realización de una audiencia en la que la persona denunciada ejerció su derecho de defensa.

Durante esa instancia, la denunciada reconoció la existencia de intercambios comunicacionales vinculados con mensajes enviados a través de telefonía celular, según consta en la resolución judicial.

A partir de los elementos reunidos, la jueza interviniente resolvió dictar medidas preventivas de resguardo y no hostigamiento por el término de seis meses.

La resolución establece la prohibición de realizar actos discriminatorios relacionados con la nacionalidad de la denunciante, así como cualquier tipo de expresión agraviante, intimidación, hostigamiento o manifestación de violencia psicológica, verbal o simbólica.

Las restricciones alcanzan tanto el contacto presencial como las comunicaciones telefónicas y las interacciones a través de redes sociales, plataformas digitales, grupos de mensajería instantánea y cualquier otro mecanismo de comunicación directa o indirecta.

Además de las medidas de protección, la resolución dispuso la realización de una capacitación en derechos humanos y no discriminación, en el marco de las acciones preventivas orientadas a evitar la reiteración de conductas de ese tipo.

El caso vuelve a poner en discusión el uso de redes sociales y aplicaciones de mensajería en ámbitos de participación política, especialmente cuando las expresiones difundidas pueden afectar derechos vinculados a la igualdad, la no discriminación y la convivencia democrática.