El regreso de radares y sistemas de fotomultas en rutas rionegrinas volvió a abrir el debate sobre los controles de velocidad y sus objetivos. En ese contexto, el legislador Javier Acevedo advirtió que estos dispositivos “deben servir para prevenir accidentes y no para recaudar” y recordó que la legislación provincial fija requisitos específicos para su funcionamiento.
Acevedo, presidente del bloque CC-ARI Cambiemos y autor de la Ley Provincial N.º 5726, sostuvo que la utilización de radares “solamente tiene legitimidad social” cuando cumple una finalidad preventiva vinculada a la seguridad vial y al ordenamiento del tránsito.
El legislador remarcó que la normativa vigente obliga a que los controles electrónicos respeten una serie de protocolos técnicos y legales, entre ellos la homologación y certificación de los equipos, la correcta señalización preventiva y la identificación visible de las velocidades máximas permitidas.
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También recordó que la ley exige la publicación de los puntos de control autorizados, auditorías periódicas sobre calibración y funcionamiento de los dispositivos y el respeto del debido proceso administrativo y del derecho de defensa de conductores y conductoras.
Uno de los ejes centrales del planteo estuvo vinculado a la señalización previa de los radares. Explicó que los estándares técnicos compatibles con el manual de la Dirección Nacional de Vialidad establecen que cada control electrónico debe contar con al menos dos carteles informativos previos.
El primero de ellos debe ubicarse entre 500 y 1.000 metros antes del radar, mientras que el segundo debe instalarse entre 250 y 500 metros previos al dispositivo. Además, inmediatamente antes del control debe colocarse la señal reglamentaria que indique la velocidad máxima permitida.
Acevedo sostuvo que si el conductor “descubre el control cuando ya tiene el equipo encima”, el sistema pierde su sentido preventivo y pasa a tener un perfil meramente recaudatorio. “El espíritu de la ley fue evitar mecanismos sorpresivos o discrecionales”, afirmó.
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El dirigente también recordó que la regulación provincial se apoya en distintas normas nacionales, entre ellas el Manual de Señalamiento Vertical de la DNV, el Decreto 779/95 y disposiciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) vinculadas a la publicidad y visibilidad de los controles.
Además de reclamar transparencia en la instalación de radares, Acevedo consideró que los controles deben formar parte de una política integral de seguridad vial, acompañada por campañas de concientización, mejoras en infraestructura y prevención en rutas de alta circulación.
“No estamos discutiendo la importancia de controlar excesos de velocidad. Estamos diciendo que esos controles deben realizarse con reglas claras, información visible y estricto cumplimiento de las garantías previstas por la ley”, concluyó el legislador.


20 mayo 2026
Río Negro