Con la sanción de la reforma en la Legislatura, la ley de farmacias de Río Negro quedó redefinida en aspectos clave que impactan tanto en el acceso a medicamentos como en el funcionamiento del sector.

Uno de los cambios centrales es la obligatoriedad de la receta electrónica en todo el territorio provincial. La norma incorpora además la figura de la prescripción diferida, que permite tratamientos crónicos con recetas mensuales extendidas por hasta seis meses, lo que apunta a simplificar el acceso para pacientes con patologías de largo plazo.

En el plano de la atención, se habilita formalmente la telefarmacia, permitiendo la interacción a distancia entre el profesional y el paciente. A su vez, se autoriza la entrega de medicamentos a domicilio, aunque con una condición: la distribución deberá estar a cargo de la propia farmacia, sin intermediación de servicios externos, para garantizar la trazabilidad y la responsabilidad del director técnico.

La reforma también introduce modificaciones en la instalación y distribución territorial de las farmacias. Se establece un esquema más flexible, con apertura en todo el territorio, pero con límites en zonas donde ya existen establecimientos. En esos casos, se fijan distancias mínimas de 200 metros en localidades de menos de 15.000 habitantes y de 400 metros en ciudades más grandes. Para los traslados, se establece un radio máximo de 200 metros respecto de la ubicación original.

En cuanto al régimen de propiedad, la ley habilita que las farmacias pertenezcan tanto a personas humanas como jurídicas, incluyendo sociedades de responsabilidad limitada, mutuales, cooperativas y obras sociales, mientras que quedan excluidas las sociedades anónimas. En todos los casos, se mantiene como requisito la presencia de un director técnico farmacéutico.

Otro punto relevante es la flexibilización del ejercicio profesional en localidades con escasez de farmacéuticos, donde se permitirá que un mismo profesional pueda asumir la dirección técnica de más de un establecimiento, de manera excepcional.

La normativa también redefine el rol de la empresa estatal Productora Farmacéutica Rionegrina Sociedad del Estado (Pro.Fa.R.Se.), habilitándola a proveer medicamentos y productos autorizados de forma directa, tanto a farmacias como a la población, mediante distintos esquemas de convenios.

El texto aprobado incorpora además incentivos para la instalación de farmacias en zonas con baja cobertura, con el objetivo de mejorar el acceso en localidades pequeñas o áreas periféricas.

La ley deberá ser reglamentada para su implementación plena, y establece que todas las farmacias —incluidas las de obras sociales y mutuales— deberán adecuarse al nuevo marco en los plazos que determine la autoridad de aplicación.

Si bien la reforma fija un nuevo esquema normativo para el sector, su tratamiento dejó planteadas diferencias con los colegios farmacéuticos y sectores de la oposición, cuyas principales objeciones no fueron incorporadas en la redacción final.

Posturas durante el debate

Durante la sesión, la legisladora Andrea Escudero defendió la iniciativa y sostuvo que la reforma responde a los cambios en el sistema de salud y en la tecnología. “La tecnología tiene que estar al servicio del usuario”, planteó, y remarcó la necesidad de mejorar el acceso a medicamentos.

Por su parte, Magdalena Odarda puso el acento en el perfil sanitario del sector y advirtió: “El medicamento no es un bien de consumo”, al tiempo que valoró la participación del Colegio de Farmacéuticos.

El legislador José Luis Berros cuestionó el proceso legislativo y la dinámica del debate. “Estamos cambiando la ley sobre la marcha”, afirmó, y propuso un tratamiento más profundo en comisión.

En tanto, Leandro García señaló que la discusión de fondo pasa por el modelo sanitario y advirtió sobre los riesgos de separar la propiedad de la farmacia del rol profesional del farmacéutico.

También Luciano Delgado Sempé expresó reparos sobre la posible mercantilización del sector y defendió la necesidad de que el farmacéutico tenga un rol central, incluso en la propiedad.

La legisladora Yolanda Mansilla acompañó en general la reforma, aunque planteó observaciones en algunos artículos, especialmente vinculados al esquema societario.

Por último, Juan Martín apoyó la iniciativa, pero advirtió que faltó construir consensos desde el inicio y remarcó que la desregulación debe estar acompañada por un rol activo del Estado.

El cierre del debate estuvo a cargo de Facundo López, quien detalló las modificaciones introducidas en los artículos más discutidos y defendió los cambios realizados durante el tratamiento parlamentario.

La nueva normativa deberá ser reglamentada y todas las farmacias, incluidas las de obras sociales y mutuales, deberán adecuarse al nuevo marco legal.