El acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada quedó en el centro de cuestionamientos tras el cierre de la sala de prensa, una decisión que generó reparos por sus efectos sobre el trabajo periodístico y el derecho ciudadano a recibir información de los actos de gobierno.

En ese marco, una iniciativa impulsada por el legislador Fernando Frugoni plantea la reapertura del espacio destinado a la cobertura periodística en la sede del Poder Ejecutivo nacional y la restitución de las credenciales retiradas a profesionales acreditados, bajo el argumento de que la medida afecta condiciones básicas para el ejercicio de informar.

El planteo pone el foco en que las restricciones adoptadas bajo razones de seguridad pueden derivar en un límite al acceso a información pública, un aspecto que distintas organizaciones vinculadas a la defensa de la libertad de expresión vienen observando con preocupación.

Entre los fundamentos se remarca que el funcionamiento de una sala de prensa en la Casa Rosada no es sólo una cuestión operativa, sino una herramienta asociada a la transparencia institucional, al control democrático y al trabajo cotidiano de quienes cubren la actividad oficial.

Frugoni —quien además ejerce el periodismo— sostuvo que el cierre del espacio fue cuestionado por entidades del sector, entre ellas FOPEA, que llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por entender que podría implicar un retroceso institucional en materia de libertad de expresión.

La iniciativa remarca que el derecho a informar y a ser informada la ciudadanía está protegido por la Constitución Nacional y por tratados internacionales, y advierte que limitar el acceso de periodistas acreditados a la sede del Ejecutivo no impacta sólo en la prensa sino también en el derecho social a conocer y controlar la acción del Gobierno.

El proyecto también reclama que se restituyan las acreditaciones retiradas y se garanticen condiciones adecuadas para el desarrollo de la tarea periodística en la Casa Rosada, en línea con estándares vinculados a libertad de prensa y acceso a la información pública.

Al fundamentar la propuesta, Frugoni advirtió que resguardar medidas de seguridad no debería implicar restringir herramientas básicas para el trabajo periodístico, y sostuvo que preservar esos espacios resulta central para fortalecer la calidad democrática y el derecho a informar.