Según el sector, el acuerdo salarial del 9,62% cuatrimestral firmado para 2026 apenas alcanza para empatar la inflación acumulada del primer trimestre, que fue del 9,4%. En ese escenario, remarcaron que otros sectores de la administración pública consiguieron incrementos o sumas extraordinarias que no llegaron al ámbito judicial.

En el documento se comparó la situación con la de la docencia provincial, que recibió una suba del 5,29% en marzo, un bono de 250 mil pesos y aumentos en adicionales vinculados a ubicación. También se mencionó al Poder Legislativo, donde, señalaron, existe una proyección de incremento del 24% semestral. Frente a eso, la Lista Naranja sostuvo que el personal judicial quedó bajo un esquema de “supervivencia” sin recomposición real.

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Uno de los puntos centrales del pronunciamiento apuntó al estado de la carrera judicial. La agrupación afirmó que el sistema actual está “agotado” y que no ofrece posibilidades concretas de crecimiento ni reconocimiento a la formación, la especialización o la antigüedad. También sostuvo que no existen mecanismos de movilidad ascendente que permitan mejorar la situación laboral de quienes integran el Poder Judicial.

La crítica también alcanzó a la conducción gremial. La Lista Naranja habló de una “crisis de representación” y cuestionó la falta de una estrategia sindical para discutir salarios y condiciones laborales. En ese sentido, señaló que las negociaciones actuales se limitan a acompañar la inflación y no avanzan sobre una recomposición más amplia.

Otro de los reclamos estuvo dirigido al pago de retroactivos. La agrupación consideró que esos montos llegan tarde y pierden valor frente a la suba de precios. “Percibir hoy montos correspondientes a meses anteriores significa cobrar un dinero que ya perdió valor”, advirtieron en el texto difundido.

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Además, remarcaron que el personal judicial quedó excluido del pago del adicional por indumentaria dispuesto para el resto de la administración pública provincial, que contempla dos cuotas de 125 mil pesos, una en abril y otra en mayo. Para el sector, esa diferencia profundiza la brecha con otros trabajadores y trabajadoras del Estado.

Como salida al conflicto, la Lista Naranja reclamó una reforma integral de los ítems específicos del escalafón judicial, entre ellos los adicionales por movilidad, títulos, responsabilidad y permanencia. También pidió la apertura de una mesa de discusión salarial con participación directa de las y los trabajadores.

“El deterioro salarial y la falta de perspectivas están afectando no sólo a quienes integran el Poder Judicial, sino también a la calidad del servicio de justicia”, concluyó el documento, que cerró con un pedido de “salarios dignos y carrera real” para el sector judicial rionegrino.