Dos agentes de la administración pública provincial fueron cesanteados en los primeros meses de 2026 como resultado de actuaciones disciplinarias vinculadas a faltas consideradas graves dentro del Estado rionegrino.

La información surge de datos difundidos por la Junta de Disciplina de la provincia, organismo encargado de analizar sumarios administrativos y determinar sanciones ante incumplimientos de agentes públicos. Según se indicó, en lo que va del año también se aplicaron 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.

Desde la Secretaría de la Función Pública detallaron que el organismo viene desarrollando un trabajo sostenido de revisión de expedientes administrativos. Desde enero de 2024 se analizaron más de 1.000 actuaciones, lo que permitió avanzar en resoluciones de procesos que en algunos casos arrastraban demoras de años.

Como resultado de ese proceso, desde el inicio de la actual gestión se registraron 94 cesantías, seis exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos dentro de la administración pública provincial. En paralelo, el sistema disciplinario también determinó 77 absoluciones en expedientes analizados.

La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, señaló que el objetivo del esquema disciplinario es sostener reglas claras dentro de la administración estatal. “Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes”, expresó.

Las actuaciones disciplinarias abarcan distintos tipos de incumplimientos dentro del ámbito estatal. Entre ellos se incluyen faltas en el servicio, como ausencias injustificadas, desatención de tareas o negligencia en el cuidado de bienes e insumos públicos. También se investigan situaciones vinculadas a conflictos interpersonales, como denuncias por malos tratos, insultos o agresiones entre trabajadores.

De acuerdo con la normativa vigente, la cesantía implica la desvinculación del agente con la posibilidad de reingresar a la administración pública luego de un plazo de cinco años. Esta sanción suele aplicarse en casos de abandono prolongado de servicio, acumulación de sanciones previas o faltas consideradas graves.

En los casos de mayor gravedad, el sistema prevé la exoneración, que supone la expulsión definitiva del Estado y la inhabilitación permanente para volver a ocupar cargos públicos. Esta medida se reserva para situaciones excepcionales, como delitos dolosos con condena penal firme.

El proceso disciplinario se inicia a partir de la detección de una posible irregularidad y la apertura de un sumario administrativo. Instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y elaboran un informe que luego es evaluado por la Junta de Disciplina. El organismo está integrado por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales de ATE y UPCN, quienes analizan cada caso antes de emitir una resolución.