La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) expresó su rechazo a la decisión del Gobierno nacional de renovar únicamente por seis meses los contratos de trabajadoras y trabajadores mayores de 65 años que no alcanzan los 30 años de aportes previsionales, una medida que, según el sindicato, impacta de manera directa en la continuidad laboral y el acceso al sistema jubilatorio.

El planteo fue formulado por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, luego de que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado estableciera nuevas condiciones para la renovación de contratos en la administración pública. El dirigente sostuvo que la disposición deja a personas próximas a jubilarse sin empleo, cobertura de salud ni posibilidad de completar los aportes necesarios.

Según explicó Aguiar, la medida alcanza incluso a trabajadoras y trabajadores con 29 años de aportes, quienes quedarían ante la alternativa de optar por la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) o perder su fuente laboral. Actualmente, la PUAM tiene un haber mensual de $279.443, de acuerdo a los valores vigentes.

Desde el gremio señalaron que la decisión podría derivar en una nueva serie de desvinculaciones dentro del Estado nacional, particularmente entre quienes se encuentran en la etapa final de su vida laboral activa. En ese sentido, ATE advirtió que la resolución afecta derechos vinculados a la previsión social contemplados en la Constitución Nacional.

La información a la que accedió este medio indica que la disposición fue firmada por el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña. El texto establece que, en los casos en que se solicite la renovación de contratos por un plazo máximo de seis meses, deberá adjuntarse de manera obligatoria la constancia de intimación a iniciar el trámite jubilatorio.

Desde ATE también remarcaron que la normativa no contempla excepciones por razones de criticidad funcional. Según indicaron, la medida no prevé la posibilidad de sostener contratos en áreas con dotaciones mínimas, ni en casos donde la persona afectada sea la única con conocimientos técnicos específicos para garantizar el funcionamiento del organismo.

Finalmente, el sindicato sumó este punto a otros reclamos vinculados a la situación laboral en el sector público nacional, como la falta de convocatoria a paritarias y la advertencia sobre posibles recortes en distintas dependencias del Estado, cuestiones que, según señalaron, profundizan el escenario de tensión con el Ejecutivo nacional.