La Defensoría del Pueblo participó como expositora en la audiencia pública referida al estudio de impacto ambiental del proyecto Oleoducto Duplicar Norte – Oldelval, realizada en la sede de la Secretaría de Energía y Ambiente de la ciudad de Cipolletti. Durante su intervención, el organismo planteó la necesidad de resguardar un enfoque que permita equilibrar los beneficios económicos del emprendimiento con los riesgos ambientales y sociales, priorizando la garantía efectiva de los derechos de las personas.

El proyecto contempla la construcción de un oleoducto que conecta el norte de la Cuenca Neuquina, desde la estación de bombeo Puesto Hernández, en la provincia del Neuquén, hasta la estación principal de Allen, en Río Negro. La obra completa un trazado de aproximadamente 207 kilómetros de ductos de 24 pulgadas, destinado a evacuar el petróleo producido en Vaca Muerta hacia el sistema troncal y su posterior exportación.

En su exposición, la Defensoría del Pueblo señaló una serie de riesgos que requieren especial atención durante la ejecución de la obra y el cumplimiento de las medidas de mitigación previstas. Entre ellos, advirtió sobre la posible afectación de la calidad del aire y el aumento de los niveles de ruido durante la etapa de construcción, como consecuencia de la generación de material particulado y la circulación de maquinaria pesada, con impacto potencial en la salud de operarios, habitantes de la zona y fauna silvestre.

Asimismo, el organismo alertó sobre el riesgo de erosión y socavación en los cruces de cauces temporales y cuencas. En este sentido, señaló que una eventual rotura o derrame en esas áreas podría derivar en la contaminación de recursos hídricos superficiales o subterráneos, con consecuencias sobre el agua destinada al riego o al consumo humano.

Otro de los puntos expuestos estuvo vinculado a la apertura de pista y al zanjeo necesarios para la instalación del ducto, que implican la remoción de vegetación, la pérdida de hábitat de la fauna y el incremento de la presión sobre la biodiversidad. También se indicó que la traza atraviesa zonas de pastoreo, lo que podría generar impactos adicionales sobre las actividades productivas locales.

Desde la Defensoría del Pueblo se remarcó que el crecimiento económico no puede desarrollarse a expensas de la seguridad ambiental ni de los derechos de las comunidades que viven y trabajan en el área de influencia del oleoducto. En función de ese análisis, el organismo recomendó a la autoridad de aplicación extremar los controles para asegurar el estricto cumplimiento y la efectividad de todas las medidas de mitigación y compensación proyectadas, garantizando transparencia y acceso a la información durante todo el proceso.