El diputado nacional Marcelo Mango cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y sostuvo que se trata de una iniciativa “regresiva” que impactará negativamente en el empleo, los salarios y los derechos laborales. Mango asumió la banca la semana pasada, luego de que Martín Soria dejara su lugar en la Cámara baja para incorporarse al Senado, y ocupará el escaño hasta 2027.

El legislador explicó que ya se conformaron algunas comisiones en Diputados en el marco de las sesiones convocadas, entre ellas Presupuesto y Hacienda y Asuntos Penales, y que fue designado para integrar la comisión de Recursos Naturales, donde en enero se prevé el tratamiento de la Ley de Glaciares. Señaló además que, dentro de su bloque, se distribuyeron las comisiones que abordarán los proyectos incluidos en el temario de extraordinarias.

Al referirse al contexto general, Mango remarcó que la Argentina lleva dos años sin presupuesto aprobado y cuestionó el manejo “absolutamente discrecional” de los recursos públicos. Indicó que esa situación no solo genera desigualdades, sino que profundiza las asimetrías sociales y territoriales, al no existir criterios claros y equitativos en la ejecución del gasto.

Sobre la reforma laboral, el diputado afirmó que se inscribe en un escenario de caída del consumo, pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones y destrucción de puestos de trabajo, que estimó en alrededor de 250 mil. En ese marco, sostuvo que la iniciativa oficial “no moderniza”, sino que “debilita el derecho laboral” y recrea mecanismos similares a los aplicados en la década de 1990, cuando —según señaló— los trabajadores se veían forzados a aceptar peores condiciones para conservar su empleo frente al aumento de la desocupación.

Entre los puntos más cuestionados, Mango mencionó el sistema de “banco de horas”, que permitiría extender la jornada laboral más allá de las ocho horas diarias, y la reducción de herramientas de acción colectiva, como la ultraactividad de los convenios colectivos y las facultades de delegados y organizaciones sindicales. A su entender, el proyecto desconoce la desigualdad estructural que existe en la relación entre empleador y trabajador.

También expresó preocupación por la creación de un fondo de cese laboral administrado por entidades privadas, al que comparó con el esquema de las ex AFJP. Según explicó, esos fondos podrían ser invertidos en el mercado financiero y, además, implicarían una reducción de las indemnizaciones por despido, al excluir componentes como aguinaldo, vacaciones y adicionales, y limitar otros reclamos indemnizatorios.

Mango agregó que el proyecto habilita modalidades como el pago en especie y advirtió que, en la práctica, el trabajador tendría escaso margen de decisión frente a la imposición patronal. “El derecho laboral existe justamente para equilibrar una relación desigual”, sostuvo, y alertó que la reforma podría profundizar la competencia entre trabajadores ocupados y desocupados.

Consultado sobre la posibilidad de modificaciones al texto oficial, el diputado se mostró escéptico y consideró que la iniciativa responde a una orientación estructural del Gobierno. En ese sentido, afirmó que no se trata de discutir artículos aislados, sino de un modelo que, a su juicio, avanza sobre derechos básicos vinculados al trabajo, la salud y la educación.

Finalmente, Mango señaló que su bloque mantiene diálogo con representantes sindicales y que acompaña las acciones anunciadas por las centrales obreras en rechazo al proyecto. Indicó que las posiciones expresadas por la CGT y la CTA coinciden con el análisis que realiza su espacio político sobre el impacto de la reforma en el empleo y las condiciones laborales.