El bloque Vamos con Todos, a través del legislador José Luis Berros, presentó un proyecto de ley que propone la creación del Régimen Provincial de Gestión de Intereses, una herramienta que busca garantizar la transparencia en la administración pública. La iniciativa establece la obligación de registrar y publicar todas las reuniones entre funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de sectores empresariales, sindicales o de la sociedad civil.

La propuesta surge luego de que trascendiera que el empresario Fred Machado —actualmente detenido en Viedma y requerido por la justicia de Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico y lavado de dinero— habría mantenido una reunión con el gobernador Alberto Weretilneck entre el 15 y el 30 de abril de este año, sin que existan registros oficiales del encuentro.

Según se indicó desde el bloque, Río Negro no cuenta con un régimen integral que regule y transparente las gestiones de intereses, lo que genera un vacío institucional que podría favorecer la discrecionalidad y los vínculos informales entre el poder político y actores económicos.

Berros señaló que “la democracia republicana se sostiene sobre la publicidad de los actos de gobierno y la igualdad de acceso a la toma de decisiones públicas”. En ese sentido, advirtió que la falta de registros claros sobre reuniones oficiales “debilita la confianza social y deja espacio a la opacidad en la gestión”.

El proyecto plantea la creación de un Registro Público de Gestión de Intereses, de carácter gratuito, digital y de acceso abierto, donde se consignará la fecha, el lugar, los participantes, la entidad representada, el motivo del encuentro y el resultado preliminar de cada reunión. Estarán obligados a declarar ministros, secretarios, subsecretarios, directores, presidentes de entes y autoridades de empresas públicas.

Asimismo, la iniciativa establece que la omisión del registro constituirá una falta ética grave, sancionable según la Ley Provincial de Ética Pública Nº 3550. La propuesta busca alinearse con experiencias ya implementadas en otras jurisdicciones, como el Decreto Nacional 1172/2003 y las legislaciones de Mendoza, Jujuy y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De acuerdo con testimonios de personal de Casa de Gobierno, la reunión entre Machado y Weretilneck habría tenido lugar, aunque no fue informada oficialmente ni figura en ninguna agenda institucional. Para Berros, “la ciudadanía tiene derecho a saber quiénes influyen en las decisiones que afectan los recursos y el futuro de la provincia”.

El legislador sostuvo que el proyecto “no pretende obstaculizar la gestión, sino fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y control democrático”. Agregó que la medida “marca un avance en materia de transparencia pública” y busca evitar “acuerdos o gestiones no registradas que comprometan la confianza institucional”.