La Justicia de Río Negro amplió la investigación por los disturbios ocurridos el 31 de agosto en el estadio del Club Cipolletti e imputó a ocho hombres por su presunta participación en los hechos de violencia. Con estas acusaciones, ya son 17 las personas formalmente investigadas.

Según informó la Fiscalía, en los próximos días se avanzará en la formulación de cargos contra otras dos personas que fueron identificadas a través de las cámaras de seguridad, pero que aún no se presentaron a las audiencias correspondientes.

La acusación señala que los incidentes comenzaron alrededor de las 17:30, cuando un grupo de aproximadamente 40 personas agredió al personal policial que realizaba tareas de prevención en la zona de ingreso a la platea, sobre calle O’Higgins. Las agresiones incluyeron el lanzamiento de piedras y otros objetos contundentes contra efectivos, instalaciones del club y vehículos particulares estacionados en las inmediaciones, además de amenazas e insultos que generaron temor público.

Como consecuencia, un oficial de policía sufrió traumatismo encéfalo craneal y múltiples escoriaciones, lesiones certificadas por personal médico del Hospital de Cipolletti. También se registraron daños materiales en dos vehículos particulares.

La calificación legal determinada por la Fiscalía fue por los delitos de intimidación pública, en concurso real con atentado contra la autoridad y daños, de acuerdo con los artículos 211, 238 incisos 1°, 2° y 4°, 183, 55 y 45 del Código Penal.

El avance de la investigación se apoya en testimonios de policías que participaron en el operativo, denuncias de propietarios de vehículos dañados, certificados médicos y registros fílmicos obtenidos de cámaras de seguridad.

En cuanto a las medidas cautelares, la Fiscalía solicitó que las personas imputadas tengan prohibido acercarse al estadio durante los partidos del Torneo Federal A. Además, deberán presentarse en la Comisaría Cuarta tres horas antes de cada encuentro para dejar constancia y firmar. La restricción se extiende desde una hora antes del inicio del partido hasta una hora después de su finalización.

La Defensa Pública no presentó objeciones, y el juez de garantías interviniente validó la formulación de cargos, la calificación legal y la aplicación de las medidas cautelares.