El Consejo de Bienestar Policial encabezó una nueva movilización en la capital provincial junto a efectivos activos, retirados y agrupaciones del sector, en reclamo de mejoras salariales y laborales. La protesta incluyó la entrega de un petitorio unificado al secretario general de la Jefatura de Policía, con una serie de demandas que buscan ser discutidas en una mesa de diálogo.

Rubén Muñoz, referente de Bienestar Policial, expresó que la medida constituye “un primer paso para mostrarle al Gobierno la disconformidad que tiene la policía, tanto activo como retirado, en lo que es la cuestión salarial”. Según explicó, fueron recibidos en la Jefatura y posteriormente se movilizaron hacia Casa de Gobierno y la Legislatura. “No queremos tensar la relación, pero creemos que había que dar este puntapié inicial para que se nos tenga en cuenta como trabajadores”, señaló.

El petitorio presentado denuncia la “pobreza general policial” derivada de sueldos que no alcanzan a cubrir necesidades básicas y plantea una recomposición salarial urgente que contemple una pérdida del poder adquisitivo estimada en 87%. También reclama el pago inmediato de juicios por zona desfavorable, la cancelación de deudas retroactivas vinculadas a la ley 5505, y el establecimiento de fechas efectivas de cobro de ese concepto para el personal retirado.

Entre otros puntos, se solicita la conformación de un espacio genuino de discusión salarial con representantes electos por la propia fuerza, el reinicio de gestiones para el reconocimiento de la Zona Austral, la eliminación de sanciones disciplinarias por reclamos anteriores, y el pago de movilidad para quienes prestan servicios en localidades distintas a las de residencia.

El documento también exige equiparar la antigüedad con los empleados docentes, cesar las persecuciones laborales hacia agentes con licencia médica, respetar los días de enfermedad sin afectar las vacaciones, y regularizar las prestaciones de la obra social IPROSS.

Con esta presentación, las organizaciones policiales buscan instalar una mesa de trabajo estable con el Ejecutivo provincial, con el objetivo de avanzar en un esquema salarial y de condiciones laborales que reconozca la tarea de la fuerza de seguridad rionegrina.