El Poder Judicial de Río Negro está conformado por 2.607 personas, con una destacada mayoría de mujeres y una edad promedio que no supera los 45 años. Así lo indica el último relevamiento elaborado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que analizó la composición y distribución del personal durante todo el año 2024.

Según el informe, el 68% de quienes integran el sistema judicial provincial presta funciones en los distintos organismos que dependen del STJ, incluyendo juzgados, tribunales, áreas de mediación, investigación forense y gestión administrativa. El 32% restante pertenece al Ministerio Público, que abarca tanto a las fiscalías como a la defensa pública.

La composición etaria muestra que el Poder Judicial rionegrino cuenta con una planta relativamente joven: la edad promedio del personal se sitúa en los 44,63 años. Esta característica aporta dinamismo a una estructura que debe responder a la demanda judicial de más de 760 mil habitantes en todo el territorio provincial.

Uno de los datos más relevantes del estudio es la marcada presencia femenina en los equipos de trabajo. En los organismos dependientes del STJ, siete de cada diez personas son mujeres. En términos absolutos, se contabilizan 1.150 mujeres y 621 varones en esos espacios, consolidando una tendencia de feminización de las estructuras administrativas y técnicas del Poder Judicial.

En cuanto a los cargos jurisdiccionales, el informe precisa que actualmente hay 250 personas en funciones, entre juezas, jueces, secretarias y secretarios. De ese total, 171 ejercen la magistratura, con una distribución que todavía muestra mayor presencia masculina: el 56% de esos cargos están ocupados por varones y el 44% por mujeres. En contraste, en las secretarías la proporción se invierte notablemente: el 81% de esos cargos corresponde a mujeres, mientras que solo el 19% está en manos de varones.

El análisis proporciona un panorama actualizado sobre la estructura interna del sistema judicial y permite visibilizar los avances y desafíos en términos de equidad de género y distribución del trabajo en una institución clave para la administración de justicia en la provincia.