Un hombre fue condenado esta mañana a seis años y cinco meses de prisión efectiva, tras reconocer una serie de hechos de violencia de género, lesiones agravadas, desobediencia judicial y abuso sexual en perjuicio de su ex pareja. El fallo fue dictado en el marco de un procedimiento abreviado, luego de que el acusado aceptara la responsabilidad penal y la calificación legal propuesta por el Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo con la información recabada, el imputado ya se encontraba cumpliendo prisión preventiva al momento de la audiencia, en la que el juez interviniente consultó directamente al acusado sobre su voluntad de asumir los hechos y las consecuencias penales derivadas. El hombre aceptó haber ejercido violencia física contra la mujer en dos oportunidades, desobedecido una orden de restricción respecto de la hermana de la víctima, y perpetrado abusos sexuales en reiteradas ocasiones.

Los hechos se produjeron entre marzo de 2020 y noviembre de 2023, en el domicilio que ambos compartían en ese período. Puntualmente, los episodios de violencia física fueron reconocidos por el condenado como ocurridos el 22 de octubre, el 20 de noviembre y el 3 de diciembre de 2023. Además, se estableció que durante ese mismo lapso de tiempo, el agresor cometió abusos sexuales con acceso carnal de manera reiterada.

La calificación legal acordada incluye “lesiones graves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer mediando violencia de género”, en dos hechos; “desobediencia de una orden judicial” y “abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de veces”. Todos los delitos fueron atribuidos en calidad de autor y considerados en concurso real, según los artículos 45 y 55 del Código Penal.

La fiscalía destacó que tanto la víctima como su entorno fueron consultados previamente respecto del procedimiento abreviado, y que se contó con su consentimiento para avanzar de esta manera. La sentencia, al igual que el proceso abreviado, busca garantizar el acceso a justicia de la víctima, resguardando su integridad emocional y evitando una revictimización mediante la exposición a un juicio oral.

Desde el ámbito judicial se remarcó que la resolución se enmarca dentro de las políticas públicas orientadas a combatir la violencia por razones de género, fortaleciendo los mecanismos institucionales para actuar de manera rápida, efectiva y respetuosa de los derechos de las víctimas.