ATE repudió la eliminación de asignaciones familiares diferenciales por zona desfavorable para los trabajadores patagónicos, como así también la reducción de beneficiarios en todo el país. Desde el gremio advirtieron que en los próximos días podrían convocar a protestas en los organismos nacionales de la provincia.

"Este gobierno muestra un empecinamiento en castigar a dos de los sectores más vulnerables de la sociedad: los niños y los jubilados. Esta medida es inconstitucional y discriminatoria”, manifestó el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar.

Más de 100 mil pibes en toda la Argentina pasarán a percibir la mitad de su asignación al equipararse los valores de todo el país con el tope de $1578 que se paga en Buenos Aires. El recorte alcanza hasta el 75% de un percibimiento, equivalente a $1892.

Asimismo, el Sindicato ratifica el pedido que le hiciera al Gobierno de Río Negro de subir las asignaciones familiares a los 18 mil trabajadores del Estado provincial, que hoy está en los $450 por hijo o hija y en $1800 para discapacitados y discapacitadas.

“La medida adoptada por el Gobierno Nacional en nada cambia la  demanda que hemos planteado al Gobernador Weretilneck. Río Negro hace años que no actualiza estos conceptos y los montos que se liquidan están muy por debajo del reconocido en el resto de las provincias”, agregó Aguiar.

 ATE considera que el ajuste sobrepasa los límites de la responsabilidad política, porque horas después de sellado el acuerdo con el FMI, el ministro Dujovne prometió exceptuar de recorte a los gastos sociales.

No obstante, el Decreto 702/2018 lleva de $200 a $2816 el piso del salario mensual para acceder a las asignaciones familiares y baja el techo de $94.786 a 83.917 para el ingreso del grupo familiar o de $41.959 de uno de sus integrantes, e incluirá las sumas no remunerativas.

Por ultimo desde el gremio indicaron que esta nueva avanzada sobre los trabajadores más desprotegidos entrará en vigencia en septiembre. Pero ATE alentará la judicialización de medidas que avasallan derechos adquiridos, lo que podría echar por la borda los planes oficiales.