En ese sentido señalaron que "el artículo 32 del Estatuto de la Universidad Nacional del Comahue prevé que los y las docentes deben gozar de “integridad moral, respecto a las normas cívicas, democráticas, de derechos humanos, republicanas y universitarias”, sin poder compensarse la carencia de tales condiciones con méritos intelectuales".

"Por eso dijimos: Fuera Camarda de la UNCo", afirmaron.

Luego indicaron que "cercanos al segundo año del asesinato de Pablo Vera, ocurrido el 25 de Septiembre de 2014, denunciamos el accionar que ha tenido el poder judicial desde aquel momento. Maximiliano Camarda es uno de los jueces que tuvo a su cargo las causas que fueron desarrollándose en torno a este caso.  Es Juez de Instrucción N° 8 y responsable de: 

* Llevar adelante la causa penal contra familiares y amigos de Pablo, criminalizando la protesta social
* La detención y posteriores torturas en la comisaría N° 21 a familiares y amigos de Pablo Vera.
* Rechazar un habeas corpus alegando que no hay torturas sin que se acrediten lesiones graves, violando todos los tratados de DD.HH en la materia.
* Ordenar la detención de María, mamá de Pablo, para llevarla a declarar por una causa en la que se la acusa de amenazar a Villegas, policía condenado por el asesinato de su hijo".

Entonces expresaron que "el asesinato de Pablo desató en sus familiares y amigos una fuerte movilización para exigir el esclarecimiento del caso. En el marco de una de estas protestas se les inician causas penales, cuya investigación está a cargo del Juez Camarda. Se pone en evidencia cómo el poder judicial, y Camarda como funcionario, criminalizan a familiares y amigos de Pablo, en tanto que transforman el reclamo por derechos - como es en este caso la exigencia de justicia- en un delito".
 
"Quienes reclamaban por el asesinato de un ser querido se transforman entonces en delincuentes, en un claro intento de disciplinamiento. En este contexto, se lleva adelante la detención de familiares y amigos en la comisaría N° 21. Allí  fueron golpeados y torturados por el personal policial. Al tomar conocimiento de esto se presenta un habeas corpus denunciando las graves condiciones de detención. El habeas corpus  fue rechazado por el juez Camarda, quien a su vez prolongó la detención de 14 jóvenes excediendo el plazo legal establecido: cometiendo el delito de privación ilegítima de la libertad", añadieron.