Entre los principales temas abordados se incluyó la estipulación de nuevos parámetros de medición de la actividad y efectividad de las áreas penales, complementando los establecidos oportunamente en la Acordada 2/2016.

En el encuentro se expusieron los resultados del monitoreo implementado hace cuatro meses, con gráficos que permiten una rápida visualización de los niveles de actividad correccional, de los juzgados y cámaras penales.

Cumplida la primera etapa, ahora se busca profundizar y mejorar los indicadores para obtener más datos que permitan optimizar la toma de decisiones. Específicamente, se procura tener un monitoreo del flujo de información de los juzgados, midiendo ingreso y egreso de los expedientes, para conocer los volúmenes pendientes. Asimismo, se procura acceder fácilmente a la cantidad de audiencias ejecutadas, a fin de ajustar los mecanismos de cara a la implementación de la Reforma el año próximo. Los nuevos indicadores serán finalmente tratados en el Acuerdo del STJ, previsto para la semana que viene.

En relación a la infraestructura necesaria para la reforma, el temario del encuentro de hoy incluyó un informe de Arquitectura sobre los avances relativos a las adecuaciones edilicias, de Administración en cuanto a los trámites de infraestructura, y de informatización sobre los procesos de compra que lleva adelante ALTEC en convenio con el Poder Judicial.

En el encuentro último había sido aprobado el cronograma de capacitaciones previsto para el segundo semestre, atento a la necesidad de brindar asistencia a los agentes, funcionarios, magistrados, abogados, comunicadores, entre otras áreas.

El STJ reafirmó en la reunión las premisas de celeridad, trabajo en equipo y austeridad para avanzar en las diferentes aristas necesarias para la implementación del nuevo paradigma.

La Unidad de Implementación de la Reforma Procesal Penal fue creada por el STJ y a través de la Acordada 5/2016 se dispuso una serie de medidas para hacer operativa esta unidad.

En tal sentido, para la planificación operativa de la reforma, el Superior Tribunal de Justicia entendió que debía conformar un equipo de trabajo integrado por magistrados y profesionales de distintos organismos del Poder Judicial y por ello creó la Unidad de Implementación de la Reforma Procesal Penal. La misma tiene por objetivo el trabajar en la planificación y operatividad de dicha reforma, con dependencia directa de la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia.

La Unidad está integrada por los responsables de las áreas de la Administración General del Poder Judicial, la Secretaría del Consejo de la Magistratura, la Gerencia de Recursos Humanos, el Área de Infraestructura y Arquitectura Judicial, la Coordinación de la Escuela de Capacitación, la Dirección de Comunicación Judicial; la Gerencia de Sistemas; la Coordinación de Desarrollo Organizacional, un representante de la Procuración General y la Secretaría de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia.