Es por ello que se continuó con la auditoría, teniendo en consideración lo actuado por la comisión durante el año 2013 bajo la presidencia del legislador Ricardo Arroyo, que ya había detectado irregularidades en las rendiciones de cuentas presentadas por APEL en su calidad de administradora del Fondo; las que en la actualidad, son objeto de una denuncia penal radicada en el Juzgado Penal Nº 2 de Viedma. Como consecuencia de la denuncia y en respuesta al oficio judicial respectivo, la totalidad de la documentación correspondiente a las rendiciones que presentara APEL ante esta Comisión, fueron remitidas al Juzgado.

Una vez que todos los integrantes se interiorizaron del actual estado de situación y con la convicción de avanzar a fondo en la investigación de la administración del Fondo; se arribaron a conclusiones unánimes en el sentido de solicitar al Tribunal de Cuentas de la Provincia que practique una auditoría en el ámbito de su competencia técnica, de modo tal de que la comisión cuente con el auxilio del organismo experto en control de cuentas públicas; para lo cual también se resolvió solicitar al Juzgado fotocopias certificadas de todas las rendiciones. Asimismo, teniendo en cuenta que se encuentran involucrados tanto el patrimonio de organismos provinciales, como así también los aportes realizados por los adquirentes de terrenos; con la finalidad de contribuir a que el Fondo cumpla con los objetivos que fue creado, se han adoptado otras medidas tales como solicitar a la Legislatura que se constituya en querellante en la causa judicial penal, pedir una urgente reunión entre los bloques legislativos y las autoridades de los organismos aportantes para determinar acciones para la sustentabilidad y continuidad del Fondo; recomendar la modificación del marco normativo de la Resolución Nº 04/2010 que, entre otras cláusulas, ha delegado la administración en APEL y en tanto también recomendar que se mantenga la suspensión de envíos de recursos públicos hasta tanto se normalice la situación.

Tal como manifestó la legisladora Vicidomini, la Comisión actuó con celeridad, en cumplimiento de su obligación y ante la necesidad de dar transparencia a la administración de estos recursos que, conforme las propias rendiciones presentadas por APEL, superan los veintidós millones de pesos; y en definitiva para evitar perjuicios contra el Estado provincial y hacia los terceros contratantes de buena fe.