La legisladora indicó que el servicio telefónico "es para que, los ciudadanos denuncien hechos relacionados con el tráfico o consumo de drogas" y que estas llamadas "son luego giradas a la Justicia Federal y allí termina su intervención, con la pretensión de que esa jurisdicción se haga cargo del abordaje de todo el problema".

"La droga está metida en los barrios de nuestras localidades, en las escuelas, en las cárceles. La inseguridad en la que vivimos tiene directa relación con este demonio que transforma al ser humano en un individuo sin control, sin inhibiciones, causando un daño irreparable en su salud y poniendo en peligro la integridad de la sociedad de la que forma parte. La muertes de nuestros jóvenes en los barrios, victimas entre sí, organizados en bandas (Maras?), tiene que ver con las drogas que consumen y distribuyen", expresó Piccinini en un comunicado.

Señaló que el Gobierno "sabía, al asumir, de la situación que estoy describiendo, situación hoy sumamente agravada por el solo transcurso del tiempo. A casi dos años de asumir, el Gobierno no tiene un plan interactuado, institucionalmente interrelacionado e integral para abordar en forma seria y decidida una de las causas más profundas de la desintegración de la familia y de la sociedad".

Custiono que "se carece de relevamientos, barrio por barrio, casa por casa, escuela por escuela, que nos brinde con claridad de que magnitud se trata la expansión de la droga y la ponderación profesional del daño que efectivamente estamos sufriendo. Para esto deberían estar comprometidas todas las aéreas del gobierno, no solo en el trabajo de campo a que hago referencia para juntar información, sino en el diseño de las políticas activas destinadas a erradicar este mal y contener con tratamiento y capacitación a sus víctimas a fin de que se puedan reinsertar a la sociedad".

"Es imposible llevar adelante programas que saquen la droga de la calle, de las escuelas, de los barrios y que ayuden a nuestros jóvenes, sin un plan. No se puede modificar lo que se desconoce. La carencia de interacción entre los diferentes Ministerios para abordar la problemática en forma integral, debilita cualquier abordaje y agrava el diagnóstico", manifestó.

Dijo que el flagelo "es más difícil de desentrañar dada la participación de sectores del poder en la perpetuación de estos delitos y su consiguiente encubrimiento. El Gobierno lo sabe, la misma surge de investigaciones plasmadas en expedientes judiciales y fue denunciada durante mi gestión como Defensora del Pueblo. Tampoco existen en toda la Provincia  Centros de Rehabilitación Estatal para ayudar a la recuperación de cientos de niños y jóvenes y su consiguiente reinserción en la sociedad. La apertura de estos Centros de Rehabilitación, es urgente. En los mismos se les podría  enseñar a nuestros jóvenes un oficio pues nada dignifica más que el trabajo".

"Es necesario sumar presupuestos, optimizar no solo el dinero invertido sino los recursos humanos existentes en la Administración pública. Es necesario incorporar profesionales idóneos para el abordaje de estas enfermedades. Es necesario, que este problema se ubique entre los prioritarios de la Agenda del Gobierno, con acciones concretas, sin discursos vacíos de contenido y dañinos, porque mientras se declama casi irresponsablemente, la droga sigue matando y sus dueños enriqueciéndose a su costa. Este delito con todas sus derivaciones y dimensión debe ser encarado en un combate de fondo contra la delincuencia organizada que lo promueve y lo sustenta", concluyó Piccinini.