El Tribunal de Cuentas de Viedma resolvió abrir un sumario para investigar la actuación de cuatro funcionarios municipales en la contratación de los módulos sanitarios de la Feria Municipal. La decisión alcanzó al entonces secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Obras Públicas, Martín Calderón; al subsecretario de Obras Públicas, Ignacio Mildenberger; al director de Arquitectura, Marcos Naranjo; y al subsecretario de Protección Ciudadana, Norberto Domínguez.

La vocal por la oposición, Giselle Rosas, explicó los alcances de la resolución en una entrevista realizada en Raíz Informativa, el programa que conduce Pedro Caram, y remarcó que su postura fue más amplia: además del sumario a los funcionarios, había planteado iniciar un juicio de responsabilidad contra el intendente Marcos Castro. “Yo ya tenía mi posición: promovía el sumario y el juicio de responsabilidad a los intervinientes en el expediente de los baños”, señaló Rosas. Sin embargo, aclaró que los otros dos integrantes del Tribunal acompañaron la apertura del sumario a los funcionarios, pero no su propuesta de avanzar contra el jefe comunal.

Uno de los puntos centrales que deberá determinar el sumariante es la diferencia entre las ofertas presentadas durante el proceso de contratación. Rosas explicó que existió una diferencia de alrededor de 31 mil pesos entre propuestas y cuestionó que, pese a las recomendaciones surgidas durante el trámite, finalmente se haya elegido una de ellas.

También se investigará la demolición de los baños que ya existían en la Feria, el destino de los materiales y el cambio de ubicación de los módulos que originalmente estaban previstos para El Cóndor. “Hay todo un proceso de investigación que deberá realizar el sumariante y, a partir de ahí, vamos a tomar la decisión”, sostuvo.

El vínculo con el intendente

Uno de los puntos que generó mayor controversia fue la situación de Marcos Castro. Rosas consideró que existían elementos suficientes para profundizar la investigación sobre el vínculo familiar denunciado entre el intendente y Nicolás Bambaci, administrador de la empresa adjudicataria.

“Los otros dos vocales votaron en negativa. Consideraron que no había pruebas suficientes como para iniciar la investigación al intendente”, explicó. Rosas sostuvo que la investigación no debería limitarse a cuestiones administrativas o contables y remarcó que el Tribunal tiene obligaciones concretas si durante el proceso aparecen elementos que pudieran configurar una irregularidad.

“Si encontramos algún hecho que deba ser denunciado a la Justicia, tenemos que ir a denunciarlo”, afirmó. En ese sentido, mencionó posibles situaciones como malversación de fondos, direccionamiento de una contratación o daño patrimonial, aunque aclaró que serán las pruebas que surjan durante el sumario las que determinen si corresponde avanzar.

Rosas también aseguró que el expediente de los baños no es el único tema que genera cuestionamientos dentro del Tribunal de Cuentas. Señaló que solicitó una auditoría sobre convenios del municipio con la provincia vinculados a comedores y transporte escolar, pero su propuesta no prosperó. También cuestionó la incorporación de adicionales en obras públicas municipales.

“Veo que los funcionarios agregan muchos adicionales en la mitad de las obras. Considero que no hay una planificación verdadera en cuanto a las construcciones o contrataciones”, afirmó. Y atribuyó parte de esas dificultades a su condición de representante de la oposición dentro del organismo: “Yo acá estoy en minoría”.