El endeudamiento de las familias rionegrinas empieza a generar preocupación por su impacto sobre el consumo local, en un escenario donde más de 100 mil personas mantienen obligaciones crediticias en situación irregular. El problema no está solamente en la cantidad de deudores, sino en cuánto dinero de los hogares queda comprometido para pagar deudas y deja de circular en comercios, gastronomía y otros servicios de consumo cotidiano.

Los datos utilizados para advertir sobre esta situación son los mismos que este medio publicó el 7 de septiembre, a partir del informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) con información del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Central de Deudores (CENDEU). Río Negro registra 101.275 personas con deudas en situación irregular, una tasa de morosidad del 15,4% y un préstamo moroso promedio de $2.736.315.

La novedad ahora está en la lectura que realiza la Cámara de Comercio de Viedma, que tomó esos indicadores y analizó su posible impacto sobre la actividad comercial. La entidad sostiene que el nivel de endeudamiento de los hogares puede terminar generando un efecto directo sobre el dinero disponible para realizar compras y, por esa vía, afectar la facturación y la liquidez de los comercios locales.

Uno de los datos que más preocupa es que 63.921 personas, el 63,1% de quienes tienen deudas irregulares, están en Situación 5, la categoría considerada irrecuperable o incobrable. A esto se suma que otras 24.627 personas se encuentran en Situación 4, correspondiente a un alto riesgo de insolvencia.

Es decir que, de acuerdo con los números relevados, una parte importante de las personas que tienen compromisos crediticios irregulares no atraviesa solamente un atraso puntual. El deterioro de su situación financiera puede dificultar la posibilidad de recuperar capacidad de crédito y, al mismo tiempo, reducir el margen que tienen sus hogares para sostener otros gastos.

El problema adquiere una dimensión particular cuando se observa quiénes concentran las deudas. El 72,5% de los deudores rionegrinos tiene entre 25 y 54 años, una franja de edad que reúne buena parte de la población económicamente activa y que tiene un peso central en el consumo de bienes y servicios.

Las billeteras virtuales también aparecen como un componente relevante de este escenario. En Río Negro, la morosidad en ese segmento llega al 28,6% y hay 53.082 personas que tienen deudas exclusivamente con este tipo de plataformas, según los datos de CEPA que ya habían sido difundidos por este medio.

Para la Cámara de Comercio de Viedma, una de las claves está en la forma en que las familias fueron utilizando el crédito para sostener sus gastos. El planteo de la entidad es que, frente al aumento de obligaciones como tarifas, transporte y alquileres, los hogares recurrieron con mayor frecuencia a tarjetas de crédito y financiamiento ofrecido por plataformas digitales.

Cuando esas obligaciones se acumulan, el dinero que antes podía destinarse a una compra en un comercio de la ciudad queda comprometido en el pago de cuotas, mínimos e intereses. Ese mecanismo es el que la Cámara identifica como un “efecto desplazamiento”, porque el crédito que permite sostener el presupuesto familiar en el corto plazo termina reduciendo la capacidad de consumo posterior.

La preocupación alcanza especialmente a los rubros que dependen del consumo discrecional. Indumentaria, calzado, artículos para el hogar y gastronomía aparecen entre las actividades que pueden sentir con mayor rapidez una caída en las compras cuando las familias deben priorizar el pago de sus obligaciones financieras. El impacto tampoco queda limitado al mostrador. Una menor facturación puede traducirse en menos liquidez para las PyMEs, dificultades para afrontar compromisos y una mayor presión sobre la cadena de pagos. De esa manera, una situación que comienza en el presupuesto familiar puede terminar repercutiendo sobre distintos eslabones de la economía local.

El informe de la Cámara incorpora además un dato que permite dimensionar el nivel de endeudamiento: el monto promedio de la deuda morosa en Río Negro alcanza los $2.736.315, por encima del promedio nacional de $2.556.203. La provincia se ubica así en el sexto lugar del país por el monto promedio de los préstamos en mora.

La diferencia también aparece cuando se observan los canales de financiamiento. En los bancos, el monto promedio de deuda morosa rionegrina llega a $3.264.975, mientras que en las billeteras virtuales alcanza los $1.527.495, según el relevamiento de CEPA utilizado por la Cámara.

El escenario vuelve a poner en el centro una cuestión que ya había sido señalada en la cobertura publicada por La Palabra: Río Negro no presenta una de las tasas de morosidad más altas del país —su 15,4% se encuentra apenas por debajo del 15,7% nacional—, pero sí registra una fuerte concentración de deudores en las categorías más graves y uno de los montos promedio más elevados.

Desde la Cámara de Comercio de Viedma consideran que por eso el problema no debería analizarse solamente desde la cantidad de personas morosas. La preocupación está puesta en el efecto que tiene la deuda sobre la capacidad de compra de las familias y sobre el circuito económico de las ciudades, especialmente en un momento en que el comercio depende fuertemente del consumo de cercanía.

Frente a este escenario, la entidad propone medidas en tres niveles. En el plano macroeconómico plantea recomponer la capacidad de compra y revisar la evolución de los cuadros tarifarios; en el financiero propone intervenir sobre los costos de los créditos digitales y facilitar mecanismos de consolidación de deudas.

El tercer eje apunta directamente a las familias y comerciantes, con la creación de espacios de asistencia financiera y talleres de educación económica que permitan ordenar presupuestos, reestructurar obligaciones y evitar nuevos niveles de endeudamiento.

La Cámara sostiene que la salida para el comercio no pasa por seguir ampliando el endeudamiento de subsistencia. El planteo es que, si una porción menor de los ingresos familiares debe destinarse a cancelar deudas, habrá más recursos disponibles para volver a comprar, consumir y sostener la actividad de los comercios de la región.