La incorporación de prácticas de medicina ancestral mapuche al sistema público de salud de Río Negro fue cuestionada por siete legisladores que pidieron al Gobierno provincial que explique qué evidencia científica respalda su posible utilización como complemento de tratamientos médicos, qué protocolos regulan su aplicación y qué controles existen sobre las personas que participan de estas experiencias.

El Pedido de Informes fue presentado por María Laura Frei, Juan Martín, Ofelia Stupenengo, Juan Murillo Ongaro, César Domínguez, Marcela González Abdala y Daniel Sanguinetti. El planteo toma como antecedente una capacitación realizada en el Hospital Zonal Bariloche, donde el Área de Salud Intercultural abordó experiencias vinculadas con la medicina ancestral y su posible articulación con el sistema sanitario.

En esa jornada participó la machi (guía espiritual y médica tradicional de la cultura mapuche) Betiana Colhuan, quien expuso sobre la medicina ancestral mapuche y el lawen (medicina). De acuerdo con los antecedentes incorporados al pedido, también se analizaron experiencias desarrolladas en Centros de Atención Primaria de la Salud, talleres de plantas medicinales y la articulación con facilitadores mapuches.

A partir de esa experiencia, los legisladores buscan determinar qué sustento técnico, sanitario y jurídico tiene la política que lleva adelante el Ministerio de Salud. Una de las primeras preguntas apunta a saber si existe un protocolo, resolución ministerial o disposición administrativa que establezca de qué manera deben articularse las prácticas ancestrales con la atención médica convencional.

El cuestionamiento adquiere mayor peso cuando se trata de pacientes con hipertensión, diabetes y otras enfermedades crónicas. El pedido exige conocer qué estudios científicos, bibliografía, revisiones sistemáticas o recomendaciones de organismos nacionales e internacionales fueron considerados para sostener que esas prácticas pueden complementar los tratamientos indicados.

Interés sobre el alcance de la medida provincial

Uno de los puntos centrales es establecer qué significa concretamente que la medicina ancestral tenga un carácter “complementario”. Los legisladores quieren saber qué mecanismos existen para garantizar que esas prácticas no sean interpretadas por pacientes como una alternativa que pueda sustituir la atención médica convencional.

También preguntan cómo se comunica esa condición a las personas que participan y si existe consentimiento informado, registro en la historia clínica u otra documentación que deje constancia de que la participación fue voluntaria. El pedido avanza además sobre el seguimiento de los pacientes. Se solicita información sobre los controles de calidad, evaluación de resultados sanitarios y monitoreo de eventuales efectos adversos o interacciones que puedan producirse en quienes participan de estas prácticas.

La inquietud alcanza particularmente a las enfermedades crónicas porque requieren seguimiento clínico y controles periódicos. En ese sentido, los autores del pedido plantean la necesidad de conocer bajo qué criterios la autoridad sanitaria considera que determinadas prácticas ancestrales pueden complementar los tratamientos y cómo se garantiza la seguridad de las intervenciones.

También quieren saber si existen indicadores institucionales para medir el impacto de estas acciones sobre la adherencia a los tratamientos, los controles médicos, el acceso al sistema sanitario u otros resultados asistenciales.

Piden precisiones sobre las tareas que pueden realizar los referentes mapuches

Otro de los aspectos que genera interrogantes es el papel que cumplen las personas que participan como referentes de la medicina ancestral dentro de establecimientos públicos. El pedido solicita precisar cuáles son sus funciones y límites y si están autorizadas únicamente para transmitir conocimientos culturales y tradicionales. En particular, los legisladores preguntan si pueden realizar recomendaciones, indicaciones o intervenciones relacionadas con la salud de pacientes y, en ese caso, cuál es el alcance establecido por el Ministerio de Salud.

También se solicita conocer qué requisitos deben cumplir quienes participan en actividades de capacitación, formación, asesoramiento o articulación con profesionales y agentes sanitarios. Entre otras cuestiones, se pregunta si deben acreditar formación, experiencia, reconocimiento comunitario, habilitación, certificación o inscripción en algún registro.

El pedido busca además identificar a las comunidades y organizaciones mapuche que participan actualmente de las acciones del Área de Salud Intercultural y conocer de qué manera se formalizó su intervención. Para eso, se reclaman detalles sobre convenios, acuerdos u otros instrumentos y sobre el cumplimiento de los requisitos legales y administrativos correspondientes.

Los legisladores también preguntan si el Ministerio realizó un relevamiento previo de experiencias similares desarrolladas en otras provincias argentinas o en otros países. En caso de existir, solicitan conocer cuáles fueron, qué resultados obtuvieron y qué evidencia o evaluaciones fueron tomadas en cuenta para avanzar en Río Negro.

En los fundamentos del pedido se reconoce que la interculturalidad en salud cuenta con antecedentes nacionales e internacionales y que existen programas orientados a incorporar los conocimientos tradicionales de pueblos indígenas a los sistemas sanitarios. También se menciona el caso de Chile, donde el Ministerio de Salud desarrolla el Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas, y la estrategia de la Organización Mundial de la Salud para la medicina tradicional, complementaria e integrativa.

Pero los autores del pedido remarcan que esos antecedentes también ponen sobre la mesa la necesidad de fortalecer la investigación, la evidencia, la seguridad, la calidad y la regulación. Por eso consideran necesario conocer qué criterios se aplicaron específicamente en Río Negro.

El pedido incluye además una dimensión presupuestaria. Los legisladores quieren conocer el presupuesto asignado al Área de Salud Intercultural durante 2026, con detalle de partidas, programas, actividades financiadas, gastos de capacitación, establecimientos involucrados y fuentes de financiamiento.

También solicitan información sobre la capacitación realizada en el Hospital Zonal Bariloche: cantidad de participantes, perfiles profesionales, modalidad, carga horaria y si forma parte de un programa permanente de formación. En ese caso, deberán informarse contenidos, responsables académicos, criterios de evaluación y cantidad de agentes capacitados durante 2024, 2025 y el primer semestre de 2026.

Otro de los interrogantes apunta a conocer si el Gobierno provincial prevé extender estas acciones a otros hospitales y Centros de Atención Primaria, cuáles serían las localidades alcanzadas y qué cronograma y objetivos se establecieron.

En los fundamentos, los legisladores aclaran que el pedido no busca cuestionar el valor cultural de la medicina ancestral mapuche ni la legitimidad de las políticas de salud intercultural. El planteo está dirigido al modo en que esas prácticas están siendo incorporadas al sistema público y, particularmente, a la necesidad de conocer su respaldo científico, marco regulatorio, controles, responsabilidades y utilización de recursos públicos.