Por Roberto David Mandado (*)

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue creado por el Gobierno nacional para atraer proyectos de gran escala mediante beneficios y garantías fiscales, jurídicas y cambiarias. En Río Negro ya tiene dos expresiones concretas: el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que unirá Allen con la terminal de Punta Colorada, y el proyecto de GNL de Southern Energy, que se instalará en esa misma zona, en el Golfo San Matías, cerca de Sierra Grande. Para VMOS, el Gobierno nacional proyectó 3.100 empleos y una inversión de 2.900 millones de dólares; para el proyecto de GNL, otros 836 empleos. Esa proyección oficial, de abril de 2026, ya quedó corta: según la Secretaría de Trabajo de Río Negro, VMOS movilizó, entre empleo directo e indirecto, cerca de 10.000 puestos, con una ocupación actual de 5.600 trabajadores.

Son inversiones de una escala capaz de modificar la estructura económica provincial. La pregunta es qué le exige Río Negro a esa inversión, además de dejarla entrar.

Treinta años de estabilidad fiscal, jurídica y normativa es lo que el RIGI le garantiza al capital, y es razonable: una inversión de esta magnitud necesita previsibilidad. Lo que falta es esa misma firmeza aplicada a lo que la provincia recibe a cambio.

El RIGI reduce Ganancias, exime aranceles y establece arbitraje internacional para las controversias con el Estado. También contempla proveedores locales, pero con una excepción que debilita ese objetivo: la obligación cae cuando la oferta extranjera resulta más conveniente en precio. Es un régimen diseñado para atraer capital. El problema no es que lo haga, sino lo que no le exige.

Porque del otro lado no están, en general, empresas rionegrinas, sino grandes operadoras, multinacionales y consorcios capaces de financiar proyectos de miles de millones de dólares. No hay nada extraño en eso. Lo que importa es cuánto de esa actividad se convierte en trabajo, producción y capacidades que permanezcan en la provincia.

Un informe de la consultora Praxis, "Inversión que llega, riqueza que queda" (julio de 2026), plantea precisamente ese punto: la llegada de inversiones no garantiza que la riqueza generada permanezca en el territorio. El informe distingue entre el tamaño de la inversión y su "derrame local" —empleo, compras a proveedores regionales, impuestos y servicios dentro de la provincia— y advierte que una inversión gigantesca puede convivir con un derrame moderado si las cadenas de valor se abastecen desde afuera: es la diferencia entre una economía de enclave y un desarrollo integrado. El caso Southern Energy lo ilustra con números: sobre una inversión total de USD 15.000 millones, la provincia capturará de forma directa apenas USD 36 millones de aporte comunitario y USD 55 millones en canon, regalías y tasas a lo largo de veinte años. El desafío es capturar una parte creciente de ese valor agregado, con servicios especializados —ingeniería, gestión ambiental, consultoría técnica— y evitar que los contratos más complejos se resuelvan fuera de la provincia.

Ese contraste se vuelve más evidente al observar el contexto en el que producen las empresas locales. La tarifa eléctrica, insumo básico para la industria, subió 500% en julio, según el reclamo formal que Santa Fe y la Región Centro elevaron a la Nación, al que se sumaron Entre Ríos y Buenos Aires. A esto se suma el dato de la UIA: la industria perdió 75.000 puestos de trabajo directos desde agosto de 2023 y enfrenta una presión tributaria del 56% del PBI sobre el sector formal.

La discusión, entonces, no es si las grandes inversiones generan actividad: la generan. La pregunta es si esa actividad puede convertirse en un desarrollo más amplio y permanente, capaz de fortalecer a las empresas que ya producen en Río Negro. Y eso requiere planificación: el Estado debe construir las condiciones para que la inversión se traduzca también en producción propia —contenido local efectivo, proveedores rionegrinos, formación de técnicos, articulación con universidades e institutos como el INVAP, transferencia tecnológica—. No alcanza con que la riqueza se genere en el territorio; importa cuánto valor queda en él.

Otros países productores ya usan esas herramientas, y muestran que no hace falta elegir entre atraer inversión o exigirle condiciones. Ghana, por ejemplo, exige por ley un plan de contenido local en su sector petrolero, con participación de empresas nacionales, capacitación y transferencia tecnológica.

Ahí está el verdadero debate sobre el RIGI: no hace falta derogarlo, sino discutir qué condiciones debe tener para que una inversión de miles de millones de dólares no convierta a Río Negro en el territorio por donde simplemente pasa una riqueza con destino en otra parte.

En 2012, la recuperación del control estatal sobre YPF se justificó, entre otras razones, por el carácter estratégico de la energía para el desarrollo nacional. La soberanía energética no debería reducirse a quién controla una empresa: también implica preguntarse si los recursos estratégicos de un país sirven para abaratar y fortalecer su propia producción.

Por eso la discusión debe darse ahora, mientras las obras se construyen. ¿Cuántos proveedores rionegrinos participarán? ¿Cuántos técnicos serán formados? ¿Qué acuerdos se firmarán con universidades e institutos como el INVAP para que la tecnología se aprenda y no solo se importe? ¿Cuánto de esa riqueza se transformará en industrias y empleo genuino?

Una inversión no es, por sí sola, una política de desarrollo. El desarrollo comienza cuando el Estado logra que la riqueza generada en un territorio también lo transforme.

Eduardo Galeano escribió en su magistral libro Las venas abiertas de América Latina sobre el Río de la Plata como la vía por la que durante siglos salió hacia Europa la riqueza extraída de Potosí. Río Negro, y con ella nuestro país, tiene hoy la posibilidad de escribir otra historia: no ser el lugar por donde pasa la riqueza de otros, sino el lugar donde esa riqueza se convierte en producción, trabajo y desarrollo propio.

(*) Prof. y Lic. en Ciencias Políticas-  Sec. Legislativo del bloque Vamos con Todos en el Concejo Deliberante de Viedma