Allen atraviesa una disputa institucional por la conducción del Municipio luego de que el Concejo Deliberante resolviera suspender preventivamente al intendente Marcelo Román, imputado en una causa por presunta administración fraudulenta y peculado. La decisión abrió un conflicto sobre la aplicación de la Carta Orgánica: el jefe comunal permanece en el cargo, desconoce los efectos inmediatos de la medida y sostiene que sigue siendo el intendente.

La suspensión fue aprobada por seis concejales y prevé el corrimiento de Román del Ejecutivo municipal, con Fabián Figueroa como reemplazante interino. La decisión se produjo después de la formulación de cargos contra el intendente en la investigación judicial vinculada a la compra de un teléfono con fondos municipales.

Román rompió el silencio este lunes y rechazó la interpretación realizada por el cuerpo deliberativo. “Sigo siendo el intendente”, afirmó, y sostuvo que continuará en funciones hasta que finalice su mandato o exista una decisión firme que determine su apartamiento.

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Imputaron al intendente de Allen por presunta administración fraudulenta y peculado

El jefe comunal cuestionó la utilización del artículo 109 de la Carta Orgánica de Allen como fundamento para suspenderlo. Según explicó, esa disposición contempla la situación de funcionarios o autoridades designadas que se encuentren procesadas en una causa judicial y no menciona expresamente a autoridades elegidas por el voto popular.

Además, planteó que existe una diferencia entre el antiguo concepto de procesamiento y la actual formulación de cargos prevista por el sistema procesal penal de Río Negro. Para Román, ambas instancias no pueden ser equiparadas automáticamente para aplicar el artículo invocado por el Concejo.

La discusión también se trasladó al procedimiento utilizado para poner en vigencia la suspensión. Román sostuvo que la ordenanza debe ser comunicada al Poder Ejecutivo y atravesar los plazos previstos por la Carta Orgánica antes de quedar firme.

En ese sentido, confirmó que cuenta con diez días corridos para ejercer la facultad de veto. “Nosotros tenemos diez días corridos para realizar el pertinente veto”, señaló, aunque no confirmó de manera directa si finalmente rechazará la norma.

El intendente también desconoció a Fabián Figueroa como jefe comunal interino y cuestionó las acciones realizadas después de la votación del Concejo. Según relató, tras la aprobación de la ordenanza un grupo de concejales se presentó en la sede de la Intendencia para avanzar con su apartamiento.

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A raíz de esa situación, Román confirmó que realizó una denuncia penal por presunto abuso de autoridad. También indicó que sus abogados efectuaron presentaciones judiciales para cuestionar el procedimiento impulsado por el Concejo Deliberante.

“Esto es un golpe institucional”, sostuvo Román durante la entrevista. El jefe comunal aseguró que no dará un paso al costado mientras considere que no se cumplieron los mecanismos previstos por la normativa municipal.

La disputa tiene como antecedente inmediato la formulación de cargos contra Román por presunta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado. La investigación judicial está relacionada con un teléfono adquirido con fondos municipales que, según la hipótesis de la Fiscalía, habría sido sustraído de la órbita comunal y entregado a una persona sin funciones dentro del Municipio.

Sobre ese expediente, Román evitó profundizar por recomendación de sus abogados. “La Fiscalía me acusa de sustraer un teléfono y entregárselo a una persona por fuera del Municipio”, resumió. También recordó que la causa comenzó en junio del año pasado y que la formulación de cargos se produjo recientemente.

Consultado sobre una eventual responsabilidad penal, aseguró que dejaría el cargo si se demuestra su culpabilidad. Sin embargo, remarcó que la investigación recién atraviesa sus primeras instancias y que todavía no existe una condena en su contra.

Con la suspensión votada por el Concejo, Román todavía en funciones y Figueroa señalado como reemplazante interino, la conducción del Municipio de Allen quedó atravesada por una disputa institucional que ahora también tiene derivaciones judiciales. El próximo movimiento podría darse con la eventual decisión del intendente de vetar la ordenanza.