Una investigación judicial por presuntas irregularidades en la facturación de prestaciones de salud mental derivó en la formulación de cargos contra cuatro personas, acusadas de haber participado en una maniobra que habría perjudicado económicamente al Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross). La causa está vinculada al funcionamiento del establecimiento Valle Sereno-San Cirano S.A., de General Roca.

La imputación fue presentada este martes por el Ministerio Público Fiscal, que atribuyó a las personas acusadas la comisión de 21 hechos de estafa agravada en perjuicio de la administración pública, ocurridos entre noviembre de 2021 y julio de 2023. Según la acusación, las maniobras habrían permitido el cobro de prestaciones que no fueron efectivamente realizadas a pacientes afiliados a la obra social provincial.

De acuerdo con la teoría del caso presentada por la Fiscalía, un médico clínico y psiquiatra, una licenciada en Psicología y una acompañante terapéutica, que integraban el equipo profesional de la institución, habrían actuado junto con la presidenta del establecimiento y su socio para generar documentación presuntamente falsa destinada a respaldar facturaciones ante el Ipross.

La investigación sostiene que se habrían confeccionado historias clínicas, planillas de asistencia y registros de supuestos pacientes incorporados a la modalidad denominada Hospital de Día, aunque esas prestaciones no habrían sido brindadas. Además, la acusación remarcó que ese tipo de servicio correspondía a un módulo de mayor valor económico, por lo que los importes abonados resultaban superiores a otras prestaciones.

Según detalló el equipo fiscal, la documentación era completada y firmada por los profesionales involucrados y luego remitida a la administración de San Cirano S.A. para la confección de las facturas mensuales. Posteriormente, esos documentos eran enviados por las autoridades del establecimiento al área de rendiciones médicas y sanatoriales de la obra social provincial para su tramitación y pago.

La Fiscalía indicó que el mecanismo se habría desarrollado en el marco de un convenio suscripto entre el Ipross y Valle Sereno, mediante el cual el establecimiento se comprometía a brindar distintos servicios vinculados a la atención en salud mental, entre ellos módulos de internación, internación especial, hospital de día y reinserción socioproductiva.

En cuanto a las responsabilidades atribuidas, la presidenta de la institución y su socio fueron imputados como coautores, mientras que los tres profesionales quedaron acusados en calidad de partícipes necesarios. El Ministerio Público Fiscal adelantó además que una quinta persona será imputada en los próximos días en el marco de la misma investigación.

Entre las pruebas mencionadas para sustentar la formulación de cargos figuran una denuncia presentada por el Ipross en mayo de 2024, expedientes administrativos vinculados a la investigación interna realizada por la obra social, documentación sobre facturaciones y convenios prestacionales, además de un informe técnico-contable elaborado por la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal.

También fueron incorporadas órdenes de pago emitidas por la obra social, informes bancarios, documentación aportada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), registros de habilitación del establecimiento ante el Ministerio de Salud de Río Negro y datos sobre los profesionales que prestaron servicios en la institución durante el período investigado.

Durante la audiencia, tanto la defensa pública que representa a dos de los profesionales como el abogado particular de la presidenta y del socio del establecimiento no formularon objeciones a la imputación. Finalmente, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos en los términos planteados por la Fiscalía y fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la etapa de investigación penal preparatoria.