Las comisiones de fomento de Río Negro podrían empezar a contar con un marco legal para cobrar tasas por servicios básicos como alumbrado, limpieza, mantenimiento de espacios públicos y recolección de residuos. La iniciativa apunta a regular una práctica que, según reconocen desde el Gobierno provincial, en muchas localidades ya existe de manera informal y sin respaldo jurídico.

El tema fue confirmado por el ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, quien explicó que el proyecto se viene trabajando desde hace meses junto a la totalidad de las comisiones de fomento. La propuesta busca crear un sistema de tasas retributivas que permita a esas comunidades financiar parte de los servicios que actualmente prestan sin contar con herramientas de cobro formalizadas.

El funcionario indicó que muchas comisiones sostienen prestaciones básicas a partir de aportes voluntarios de vecinos y vecinas, lo que genera dificultades para garantizar continuidad y mantenimiento. “Queremos darles herramientas claras y legales para que puedan cobrar por servicios que ya están prestando”, señaló.

La iniciativa prevé un esquema flexible. La ley establecería montos mínimos y máximos, mientras que la reglamentación posterior definiría criterios vinculados a la realidad territorial, la dimensión de cada localidad y el tipo de servicio brindado. Además, se analiza la posibilidad de firmar convenios con organismos provinciales o empresas prestadoras para facilitar mecanismos de registración, control y cobranza.

Ríos reconoció que la medida implicará un cambio para muchas comunidades pequeñas, donde actualmente existen sistemas precarios o informales de contribución. En ese sentido, sostuvo que la falta de potestad de cobro termina afectando la frecuencia y calidad de los servicios cuando disminuyen los aportes voluntarios.

El ministro adelantó que el proyecto podría ingresar a la Legislatura en los próximos días, aunque aclaró que la definición dependerá de la evaluación que realice la Secretaría Legal y Técnica sobre el conjunto de iniciativas impulsadas por distintos ministerios. De no tratarse en la próxima sesión, aseguró que será incorporado en la siguiente.

Coparticipación: el Gobierno cambiaría la peopuesta del índice de cálculo

En paralelo, el Gobierno provincial mantiene abierta la discusión por la reforma del sistema de coparticipación municipal. Ríos confirmó que las mesas de trabajo con intendencias dejaron consenso sobre la necesidad de actualizar el esquema vigente, aunque reconoció que persisten diferencias respecto de los criterios para distribuir fondos.

Uno de los principales puntos de debate sigue siendo el peso del censo poblacional en la fórmula de reparto. El funcionario admitió cuestionamientos de varios municipios y señaló que el Ejecutivo evalúa alternativas vinculadas al padrón electoral u otros indicadores estadísticos. Sin embargo, remarcó que ninguna herramienta refleja de manera exacta la realidad demográfica de cada localidad.

Dentro de ese análisis, mencionó particularmente el caso de Campo Grande, donde —según sostuvo— los datos censales quedaron muy por debajo de la cantidad de electores registrados. Allí consideró que podría aplicarse un criterio de “razonabilidad” para evitar perjuicios en la distribución de recursos.

La discusión también incluye reclamos vinculados al componente de recaudación provincial que integra la fórmula de coparticipación. Algunos municipios plantearon objeciones por la forma en que impactan las exenciones impositivas sobre actividades productivas y por la radicación fiscal de grandes empresas fuera de las localidades donde desarrollan actividad económica.

Ríos afirmó que el Ejecutivo retomará las mesas de diálogo con los municipios y reconoció que la propuesta inicial “de simple actualización” probablemente deba reformularse. La Provincia trabaja junto al Ministerio de Hacienda y la Agencia de Recaudación Tributaria para analizar alternativas antes de avanzar con un nuevo esquema.