Un total de 6 cesantías, 33 suspensiones sin goce de haberes y 3 apercibimientos fueron dispuestos en el ámbito del Estado provincial tras recientes resoluciones vinculadas a incumplimientos laborales considerados graves. Las medidas forman parte de un proceso disciplinario en marcha que abarca distintas áreas de la administración pública.

Según se informó desde el Gobierno de Río Negro, las sanciones fueron definidas en el marco de las reuniones de la Junta de Disciplina, organismo encargado de evaluar las conductas de agentes estatales y aplicar las medidas correspondientes. En ese contexto, se indicó que las decisiones adoptadas tienen carácter firme y responden a faltas verificadas en los respectivos sumarios administrativos.

Desde el inicio de la actual gestión en enero de 2024, se tramitaron más de 1.200 expedientes disciplinarios, lo que derivó en un acumulado de 102 cesantías, 6 exoneraciones y 492 suspensiones. A su vez, se dictaron 91 sobreseimientos y se archivaron 245 expedientes en los que no se comprobaron irregularidades.

Entre los motivos que derivaron en las sanciones más recientes, se identifican principalmente casos de abandono de servicio, con agentes que dejaron de concurrir a sus puestos sin aviso y sin retomar contacto con la administración, incluso luego de intimaciones formales. También se registraron situaciones vinculadas al incumplimiento de tareas en áreas sensibles.

Uno de los casos mencionados corresponde a un hospital público, donde se sancionó a una persona encargada de asignar turnos para estudios de tomografía que no cumplía con su horario laboral, lo que afectaba el acceso de pacientes a prácticas médicas. En otro hecho, se dispuso la cesantía de un agente de salud por conductas reiteradas de maltrato hacia compañeros y pacientes, sumado al abandono de sus funciones.

Las actuaciones disciplinarias también incluyeron suspensiones por conductas como el uso indebido de recursos públicos —por ejemplo, la utilización de una ambulancia oficial con fines ajenos al servicio—, presentarse a trabajar en estado de ebriedad o situaciones de acoso laboral hacia una compañera.

El esquema sancionatorio se rige por un sistema progresivo, en el que la acumulación de sanciones puede derivar en medidas más severas, incluida la cesantía. Este procedimiento se aplica en base a lo establecido en el estatuto del personal estatal.

Las sanciones alcanzaron a distintas áreas del Estado, con mayor incidencia en el Ministerio de Salud, aunque también se registraron casos en organismos como la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, IPROSS, IPPV y dependencias de Desarrollo Humano, Deporte, Cultura y Educación, entre otros.

De acuerdo a lo informado oficialmente, cada expediente se tramita mediante un proceso que incluye la recolección de pruebas y garantiza el derecho a defensa de las personas involucradas. La resolución final queda en manos de la Junta de Disciplina, integrada por representantes del Ejecutivo y de los gremios ATE y UPCN.

En ese marco, la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, señaló que el objetivo de estas medidas es ordenar el funcionamiento de la administración pública y asegurar el cumplimiento de las tareas en cada área del Estado.