La Legislatura de Río Negro aprobó por mayoría el proyecto de ley que ratifica el acuerdo vinculado al Proyecto FLNG, una iniciativa orientada a la exportación de gas natural licuado (GNL) que prevé inversiones millonarias y el desarrollo de infraestructura estratégica en la provincia. La votación se resolvió con 41 votos a favor y 3 en contra.

El texto sancionado convalida el Acta Acuerdo firmada entre el gobierno provincial y las empresas Southern Energy S.A. y San Matías Pipeline S.A., incorporándola como anexo de la norma. Además, declara de interés público tanto el proyecto como las obras asociadas a su ejecución. Entre los votos negativos se registraron los de integrantes del bloque Vamos con Todos, junto a las legisladoras y legisladores Magdalena Odarda, Leandro García y Ayelén Spósito.

La ley también establece la exención del Impuesto de Sellos para los actos vinculados al acuerdo y dispone que el 5% del aporte comunitario inicial que perciba la Provincia sea destinado al municipio de San Antonio Oeste, con el objetivo de financiar obras, equipamiento y proyectos de infraestructura. Asimismo, faculta al Poder Ejecutivo a reglamentar la norma e invita a los municipios involucrados a adherir.

En cuanto a los alcances, el proyecto contempla la instalación de infraestructura para exportar GNL, incluyendo la operación de dos buques licuefactores previstos para 2027 y 2028, y la construcción de un gasoducto de unos 471 kilómetros que conectará Tratayén (Neuquén) con la costa rionegrina. La inversión estimada para esta obra supera los 1.300 millones de dólares, con una proyección de producción de hasta 6 millones de toneladas anuales.

Durante el debate en el recinto, el miembro informante Lucas Romeo Pica (Juntos Somos Río Negro) señaló que la iniciativa apunta a generar previsibilidad y condiciones para la inversión en el sector energético, y remarcó que el proyecto atravesó instancias de participación ciudadana y audiencias públicas.

Desde distintos bloques se expresaron posiciones diversas. Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) planteó cuestionamientos sobre las condiciones del acuerdo, aunque consideró necesario avanzar en iniciativas que generen empleo. En la misma línea, Leandro García (PJ-Nuevo Encuentro) advirtió sobre el impacto a largo plazo del régimen aprobado, señalando que podría condicionar decisiones futuras en materia económica y productiva.

Otros legisladores, como César Domínguez (Primero Río Negro) y Fernando Frugoni (Coalición Cívica ARI), vincularon el proyecto con la generación de empleo y el desarrollo de infraestructura, mientras que Ariel Bernatene (UCR) planteó la necesidad de reglas claras y priorización del trabajo local. En tanto, Santiago Ibarrolaza puso el foco en la importancia de los incentivos para la inversión.

Desde el oficialismo, Luis Ángel Noale destacó el impacto territorial del proyecto y la participación de trabajadores regionales, mientras que Facundo López cerró el debate señalando la relevancia estratégica de la iniciativa para el desarrollo energético provincial y la necesidad de consolidar condiciones de competitividad.

También hubo planteos críticos. Magdalena Odarda expresó su rechazo al considerar que el acuerdo afecta la soberanía sobre los recursos naturales y advirtió sobre posibles impactos ambientales en el Golfo San Matías. En tanto, José Luis Berros (Vamos con Todos) acompañó la iniciativa pero planteó la necesidad de reforzar el control estatal y garantizar beneficios concretos para las economías regionales.