El juicio millonario en el que Mario De Rege resultó favorecido en la discusión por tierras expropiadas para la planta depuradora con volcado cero abrió un nuevo capítulo. A la apelación presentada por el Estado sobre la sentencia que supera los 1.500 millones de pesos, se sumaron elementos que profundizan los interrogantes políticos y éticos alrededor del caso: lo que involucran los honorarios regulados, el rol de un juez que declaró como testigo a favor de uno de los propietarios y los antecedentes de un expediente que ya había tenido un primer litigio millonario concluido por acuerdo.

La causa, resuelta en primera instancia por la Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa N°13 de Viedma y ya recurrida por la Fiscalía de Estado, fijó $1.578.247.173,75 en indemnizaciones para los propietarios expropiados, en cinco procesos agrupados en un mismo expediente. Dentro de ese proceso aparecen además $159.716.374,96 en honorarios regulados para la representación de la parte actora —cifra que aún podría crecer porque un monto de la regulación fue diferido—, aunque las costas quedaron a cargo de los demandados. El expediente, en cualquier caso, mueve cifras por encima de los 1.500 millones de pesos, lo que lo ubica entre los procesos expropiatorios más significativos de la provincia.

El volumen de los honorarios volvió a poner el foco sobre el negocio jurídico que rodea la demanda. En el expediente aparece como patrocinante María Carolina Gaitán, entre otros profesionales, quienes además ya habían intervenido en el primer juicio expropiatorio que la Provincia terminó cerrando con un acuerdo extrajudicial tras un fallo favorable a los propietarios.

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Pero en esta segunda causa surgió además un dato que agrega ruido. Rolando Gaitán, camarista laboral y hermano de una de las abogadas de De Rege y cuñado de otro de sus letrados, declaró como testigo en favor de uno de los dueños de las tierras. Su intervención abre cuestionamientos sobre la conveniencia ética de esa participación, especialmente por el vínculo familiar directo con parte de quienes litigan en el expediente.

La situación no pasó inadvertida por otro antecedente: el propio Gaitán había cuestionado años atrás, junto con el ex juez Guerra Labayén (ya destituido), a abogados que litigaban contra el Estado mientras mantenían relaciones con estructuras estatales, al señalar que estaban de los dos lados del mostrador. Ese antecedente volvió a circular ahora por una situación que, aunque distinta, reactivó la discusión sobre incompatibilidades y ética judicial.

Mario De Rege, ex vicegobernador y ex titular del Departamento Provincial de Aguas (DPA) —el organismo impulsor de la obra que motivó estas expropiaciones— sigue siendo el eje político del caso. No sólo por haber quedado alcanzado por una compensación extraordinaria frente a la misma provincia en la que ocupó cargos centrales, sino porque el expediente volvió a alimentar preguntas sobre el origen y la adquisición de algunas de las tierras involucradas, algunas heredadas y otras compradas en momentos que siguen bajo observación pública.

De acuerdo a la información difundida oficialmente por el Poder Judicial, el fallo reconoció que en algunos casos hubo desapoderamiento desde 2018, antes de la formalización judicial, y tomó valuaciones dolarizadas al tipo de cambio MEP para calcular las indemnizaciones, criterio que elevó sustancialmente los montos. También admitió daños productivos adicionales en algunos predios.

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Ese punto deja otra puerta abierta: la cifra final podría ser incluso mayor. Y mientras la Provincia busca revertir en instancias superiores un fallo que ya apeló, el expediente dejó de ser sólo un litigio por expropiaciones para transformarse en una discusión más amplia sobre costos para el Estado, vínculos entre poder político y negocios judiciales, y eventuales conflictos éticos dentro del propio proceso.

Más aún porque el antecedente del primer juicio dejó otra señal política. Allí, tras una sentencia favorable a De Rege y los otros propietarios, la Provincia apeló pero terminó acordando por una suma menor a la reclamada. Ahora, con un pleito todavía más oneroso, la historia podría volver a repetirse o abrir una disputa mayor.

La apelación pone el expediente en otra instancia, pero no clausura las preguntas. Al contrario: las amplía. Porque a esta altura el debate no gira sólo en torno a cuánto termina costando una expropiación para el Estado, sino también sobre quiénes intervienen, cómo lo hacen y si, detrás de los números, hay relaciones que merecen una revisión más profunda.