La necesidad de abordar la violencia en las escuelas desde una perspectiva preventiva y respetuosa de los derechos motivó la presentación de un proyecto en la Legislatura de Río Negro, en medio de situaciones recientes registradas en distintos establecimientos educativos de la provincia.

La iniciativa fue impulsada por la legisladora Daniela Agostino, del bloque CC ARI Cambiemos, y solicita al Poder Ejecutivo —a través de los ministerios de Educación y Derechos Humanos y de Seguridad y Justicia— que se implementen acciones coordinadas de carácter comunicacional, preventivo y educativo para abordar la problemática.

El proyecto pone el foco en la necesidad de garantizar que las intervenciones se desarrollen sin vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes, en línea con los marcos normativos vigentes. En ese sentido, se plantea que las políticas públicas deben asegurar entornos escolares seguros, libres de violencia y discriminación.

LEÉ TAMBIÉN

Amenazas en escuelas: refuerzan protocolos y trabajo con las familias

Entre los ejes propuestos, se destaca la importancia de fortalecer estrategias de comunicación, sensibilización y participación, orientadas tanto a estudiantes como a familias, docentes y a la comunidad en general. La iniciativa también promueve la implementación de campañas permanentes, programas educativos y protocolos de actuación.

El texto incorpora además una dimensión preventiva, con el objetivo de anticiparse a situaciones de conflicto mediante herramientas visibles y mensajes claros que contribuyan a la convivencia escolar.

LEÉ TAMBIÉN

Amenazas en escuelas: reclaman más equipos y menos castigo

En relación a hechos ocurridos recientemente en San Carlos de Bariloche, donde estudiantes fueron requisados por personal policial dentro de instituciones educativas, la propuesta advierte sobre la posible afectación del derecho a la intimidad y la privacidad. En ese marco, se plantea que la presencia policial en ámbitos escolares puede generar efectos contraproducentes si no se encuadra en criterios adecuados.

Finalmente, el proyecto remarca que la escuela debe sostenerse como un espacio formativo, donde los conflictos puedan ser abordados desde una perspectiva educativa y de derechos humanos, priorizando herramientas pedagógicas por sobre intervenciones punitivas.