La Legislatura de Río Negro se encamina a una sesión con varios proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo, entre los que sobresale el pase a planta permanente de trabajadores estatales, una iniciativa que el oficialismo considera uno de los temas centrales del orden del día. Además, llegarán al recinto propuestas vinculadas con las comisiones de fomento, convenios con municipios y la continuidad de fondos destinados a viviendas.

El presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, señaló que el proyecto de pase a planta "no implica el ingreso de nuevo personal", sino la regularización de agentes que ya cumplen funciones permanentes dentro del Estado provincial. Explicó que quienes accedan deberán cumplir una serie de requisitos, entre ellos un examen de conocimientos teóricos y prácticos, informes favorables de Recursos Humanos y de sus superiores, aptitud psicofísica y no registrar sanciones disciplinarias.

Respecto de la cantidad de personas alcanzadas por la medida, López indicó que aguardaba las precisiones que aportarían las autoridades de la Secretaría de la Función Pública durante el tratamiento en comisión. No obstante, remarcó que el proyecto contempla a trabajadores con fecha de ingreso hasta el 31 de diciembre de 2025.

El legislador también defendió la incorporación de personal cuando el crecimiento de la infraestructura estatal así lo requiere. Mencionó como ejemplo la construcción de nuevas escuelas técnicas financiadas con recursos vinculados al proyecto Vaca Muerta Sur y la ampliación del hospital de Maquinchao. "Cuando el Estado brinda más prestaciones necesita más personal", afirmó, aunque aclaró que el proyecto que se debatirá esta semana alcanza únicamente a agentes que ya se desempeñan en la administración pública.

Otro de los expedientes destacados es el que permitirá a determinadas comisiones de fomento cobrar tasas por los servicios que prestan. López sostuvo que varias de estas localidades dejaron de tener el funcionamiento tradicional de una comisión de fomento y hoy brindan servicios como alumbrado público, recolección de residuos y mantenimiento urbano, por lo que consideró necesario actualizar el marco legal.

La sesión también incluirá el convenio mediante el cual la Provincia transferirá al municipio de San Carlos de Bariloche la administración de la avenida Exequiel Bustillo, actualmente bajo jurisdicción provincial, además de la prórroga de convenios vinculados con fondos destinados a viviendas.

En cuanto al funcionamiento parlamentario, López sostuvo que el oficialismo modificó la dinámica de las comisiones para incorporar proyectos de todos los bloques y garantizar su debate. "Que un proyecto se trate no significa que estemos de acuerdo", expresó, al señalar que aquellas iniciativas que obtienen dictamen continúan su recorrido legislativo, mientras que las rechazadas pasan al archivo. También destacó la participación de funcionarios del Ejecutivo cuando los proyectos requieren explicaciones técnicas.

El debate por las escuelas rurales

Uno de los intercambios más extensos durante las comisiones estuvo vinculado al proyecto presentado por las legisladoras Magdalena Odarda y Ayelén Pilquinao, que propone impedir por ley el cierre, transitorio o definitivo, de escuelas rurales y residencias estudiantiles rurales. La iniciativa fue rechazada por el oficialismo durante su tratamiento.

López sostuvo que el proyecto parte de un diagnóstico equivocado porque, a su entender, el Gobierno provincial no mantiene una política de cierre de establecimientos educativos, sino que adopta decisiones puntuales cuando existen razones pedagógicas o técnicas que las justifican. En ese sentido, explicó que desde el Ministerio de Educación se informó en comisión que los cierres se producen principalmente por falta de matrícula y que los alumnos continúan su escolaridad mediante el sistema de transporte escolar.

El titular del bloque oficialista afirmó que la discusión no giró en torno al cierre de escuelas, sino a la posibilidad de que una ley impida cualquier reorganización futura del sistema educativo. "No se puede tener una escuela abierta si no hay alumnos", señaló durante la entrevista, al argumentar que existen establecimientos que, con el paso de los años y la disminución de la natalidad, quedan sin estudiantes o con muy pocos inscriptos.

En esa línea, sostuvo que Educación informó que actualmente existen escuelas rurales con uno, dos o tres alumnos, y que la evaluación no responde a un número mínimo de matrícula sino a cada situación particular. Agregó que, cuando las distancias lo permiten, la reunificación de estudiantes en un mismo establecimiento favorece la socialización y el aprendizaje compartido, sin que ello implique pérdida del derecho a la educación.

López también hizo referencia a las residencias estudiantiles rurales y citó el caso de Sierra Colorada, donde explicó que el cierre respondió a que quienes utilizaban el edificio residían en la propia localidad y no provenían de parajes rurales, finalidad para la que había sido creada la residencia.

Por último, cuestionó la postura de sectores de la oposición durante el debate parlamentario y consideró que el proyecto de Odarda y Pilquinao impediría incluso cerrar establecimientos que permanecieran sin estudiantes. A su entender, una prohibición de ese tipo limitaría la capacidad del Estado para reorganizar el sistema educativo frente a cambios demográficos, como la caída sostenida de la natalidad que, indicó, ya comienza a reflejarse en la matrícula escolar.