El Senado de la Nación aprobó este jueves la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, con 42 votos a favor y 30 en contra, y el proyecto fue girado a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo. La sesión se extendió por más de 14 horas y se desarrolló en paralelo a movilizaciones en las inmediaciones del Congreso, donde se registraron personas heridas y detenidas.

El oficialismo logró reunir el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y fuerzas provinciales. Tras la votación, desde el bloque oficialista señalaron que se trató de la primera victoria legislativa del Ejecutivo en 2026. La jefa del bloque en el Senado, Patricia Bullrich, sostuvo en el recinto que la legislación laboral vigente está “obsoleta” y afirmó que la reforma apunta a actualizar el régimen que rige, con modificaciones, desde 1974. “¿Puede un país durante 15 años no crear nuevos puestos de trabajo?”, planteó durante su intervención.

El proyecto propone cambios en el régimen de contratación, en el sistema de indemnizaciones y en la organización de la jornada laboral. Entre los puntos centrales figura la posibilidad de extender la jornada diaria hasta 12 horas, así como modificaciones en el pago de horas extras, que podrían compensarse con francos o jornadas reducidas. También habilita que las vacaciones puedan fraccionarse a lo largo del año y que los salarios se paguen en distintas modalidades, incluyendo moneda extranjera, especie, comida o alojamiento.

Uno de los ejes del debate fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización obligatoria que las empresas deberán financiar con aportes de entre el 1% y el 2,5% de los salarios, según su tamaño, recursos que hasta ahora se destinaban a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Según estimaciones oficiales mencionadas durante el tratamiento, el fondo podría movilizar alrededor de 4.000 millones de dólares anuales hacia el mercado de capitales local.

El senador Mariano Recalde, de Unión por la Patria, cuestionó la medida y afirmó en el recinto que “el FAL es un escándalo”. Durante su exposición, sostuvo que el esquema impactaría en el financiamiento del sistema previsional y en las condiciones de despido. Desde el oficialismo, en tanto, defendieron la iniciativa como una herramienta para reducir la litigiosidad laboral y la informalidad, que —según datos citados en el debate— alcanza al 43% de las personas trabajadoras.

La reforma también introduce cambios en el funcionamiento de los convenios colectivos y en el derecho a huelga. El texto prioriza los acuerdos por empresa por sobre los convenios nacionales por actividad y establece que estos últimos dejarán de estar vigentes si no hay acuerdo para su renovación. Además, fija la obligación de garantizar servicios mínimos del 75% en actividades consideradas esenciales —como salud, educación, transporte, energía y agua— y del 50% en sectores definidos como trascendentales, entre ellos bancos, minería, industria y comercio electrónico.

Durante la negociación parlamentaria, el Ejecutivo incorporó modificaciones para asegurar apoyos. Gobernadores provinciales impulsaron la exclusión de una rebaja en el impuesto a las ganancias que hubiera afectado fondos coparticipables. Por su parte, el sector bancario logró que se mantenga la acreditación de salarios en cuentas tradicionales y no en billeteras virtuales, mientras que los gremios conservaron los aportes a las obras sociales.

En paralelo al debate legislativo, centrales sindicales y organizaciones sociales convocaron a movilizaciones en distintas ciudades del país. En la Ciudad de Buenos Aires, miles de personas se concentraron frente al Congreso en rechazo a la iniciativa. Según informó el Ministerio de Seguridad, al menos cuatro efectivos policiales resultaron heridos y cerca de 30 manifestantes fueron detenidos tras incidentes registrados cuando un grupo arrojó objetos contra el vallado y las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma. Equipos de salud atendieron a personas con heridas de diversa consideración.

Con la media sanción en el Senado, la reforma laboral quedó ahora en manos de la Cámara de Diputados. Desde el bloque kirchnerista anticiparon que, en caso de ser aprobada, evaluarán recurrir a la Justicia por considerar que algunos artículos podrían resultar inconstitucionales. El tratamiento en la Cámara baja definirá el futuro de una iniciativa que reabre el debate sobre las condiciones de trabajo y la regulación del mercado laboral en la Argentina.