La senadora nacional por Río Negro, Ana Marks, presentó un pedido formal al Ministro de Salud de la Nación, Dr. Mario Lugones, y al Director Ejecutivo del INSSJP – PAMI, Dr. Esteban Leguizamo, en el marco del conflicto generado por los atrasos en el pago de prestaciones a clínicas y sanatorios de la provincia. La legisladora advirtió que la deuda pone en riesgo la continuidad y calidad del servicio de salud para los afiliados y afiliadas en la región patagónica.

Marks destacó que la situación afecta directamente a los adultos mayores, señalando que “mientras se postergan recursos claves, quienes pagan las consecuencias son quienes siempre quedan al final de la fila, nuestros mayores”. La solicitud incluye información sobre el monto total adeudado a cada establecimiento, los motivos y conceptos de los pagos pendientes, así como los plazos y cronogramas previstos para su cancelación.

La senadora señaló que, además de la deuda, corresponde recomponer los valores arancelarios de las prestaciones, a fin de garantizar un acceso efectivo y seguro a la atención médica. Según explicó, la falta de actualización de los aranceles y el atraso en los pagos podría derivar en un debilitamiento del sistema de seguridad social y retrocesos en derechos adquiridos por los afiliados.

En su presentación, Marks fundamentó el pedido en las obligaciones constitucionales del Estado argentino de garantizar el derecho a la salud de jubilados y pensionados, amparándose en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos que reconocen la protección especial de las personas mayores como grupo vulnerable.

La solicitud también incluye la exigencia de detallar medidas alternativas y planes de contingencia para prevenir la interrupción de los servicios en caso de que persista la deuda, así como la actualización de aranceles que aseguren una atención de calidad. La iniciativa se da en un contexto de reclamos reiterados por parte de clínicas y sanatorios de la Patagonia, que alertaron sobre dificultades financieras y posibles limitaciones en la prestación de servicios a afiliados del PAMI a partir del 10 de febrero.

Con esta acción, Marks busca que el Ejecutivo nacional adopte medidas inmediatas para garantizar la continuidad del sistema de salud regional, asegurando que los recursos pendientes lleguen a los prestadores y que los pacientes mantengan acceso a prestaciones esenciales sin interrupciones.