La independencia del Poder Judicial de Río Negro volvió a quedar bajo cuestionamiento tras declaraciones públicas realizadas a título personal por el legislador provincial Luciano Delgado Sempé, quien planteó una serie de críticas sobre el funcionamiento del Superior Tribunal de Justicia y su relación con el Poder Ejecutivo.

En un extenso pronunciamiento, Delgado Sempé, integrante del bloque Vamos con Todos, sostuvo que no existen fallos relevantes del máximo órgano judicial provincial que hayan resultado adversos a la administración rionegrina. En ese marco, vinculó esa situación con lo que describió como un deterioro de la infraestructura y de los servicios públicos que el Estado debe garantizar a la población.

El legislador también apuntó contra la actuación del Superior Tribunal de Justicia, integrado por cinco magistrados y magistradas, al afirmar que su desempeño se encuentra alineado con el gobierno provincial. En ese sentido, cuestionó las afirmaciones públicas que destacan a Río Negro como una de las provincias con mayor acceso a la Justicia, al diferenciar entre la posibilidad de iniciar causas y la obtención de resoluciones judiciales ajustadas a derecho.

Según lo expresado por Delgado Sempé, la totalidad de las causas iniciadas contra la Provincia terminarían resolviéndose a favor del Ejecutivo y de la Fiscalía de Estado. Sobre este último organismo, cuestionó el sistema de designación de sus abogados y abogadas, al señalar que los nombramientos se realizan sin mecanismos de control ni instancias de transparencia, y que perciben salarios, aguinaldos y honorarios.

Otro de los puntos señalados por el legislador refiere a la imposición de costas judiciales a trabajadores y trabajadoras que impulsan reclamos contra el Estado provincial. De acuerdo a su planteo, esta práctica tendría un efecto disuasorio sobre futuras demandas y limitaría el acceso real a la vía judicial como instancia de reclamo.

Finalmente, Delgado Sempé advirtió sobre la existencia de una Dirección de Estadísticas dentro del ámbito judicial que, según afirmó, informa a jueces y juezas sobre el impacto de sus sentencias en la opinión pública. Desde su perspectiva, este mecanismo podría condicionar decisiones judiciales y afectar la imparcialidad que debe regir el dictado de fallos. En ese contexto, sostuvo que la falta de independencia del Poder Judicial representa un riesgo para el sistema democrático.