En el contexto de los incendios forestales que afectan a distintas provincias de la Patagonia, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) expresó cuestionamientos hacia el Gobierno nacional y reclamó una serie de medidas vinculadas a la situación laboral y salarial de las y los brigadistas que intervienen en el combate del fuego.
El pronunciamiento fue realizado por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien vinculó el avance de los incendios en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz con recortes presupuestarios en materia ambiental. Desde el gremio sostienen que la reducción de recursos impacta de manera directa en la capacidad de respuesta ante emergencias ígneas en la región.
De acuerdo a lo señalado por el dirigente sindical, el ajuste aplicado sobre el Programa Nacional de Manejo del Fuego habría alcanzado el 70%, situación que —según su planteo— se traduce en la pérdida de hectáreas de bosque nativo, daños materiales y riesgos para la población. En ese marco, ATE volvió a plantear la necesidad de declarar la emergencia ambiental ante el avance de los focos activos.
El sindicato también puso el foco en las condiciones laborales del personal dedicado al control de incendios. Fuentes gremiales indicaron que actualmente la Administración de Parques Nacionales cuenta con 391 brigadistas para cubrir más de cinco millones de hectáreas, cuando los informes oficiales establecen que la dotación mínima necesaria debería ser de 700 personas.
En relación a los ingresos, ATE informó que el salario inicial de un brigadista se ubica en $610.000 en la zona centro del país y en $860.000 en la Patagonia, valores que —según el relevamiento sindical— se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Además, señalaron que la pérdida salarial acumulada desde diciembre de 2023 supera el 50%.
En este escenario, el gremio reclamó la reapertura inmediata de las paritarias del sector y el otorgamiento de un bono de emergencia. También solicitó la incorporación de personal para alcanzar el mínimo operativo, el pase a planta permanente de quienes se encuentran contratados y una mayor inversión en insumos, equipamiento y medios aéreos para el combate del fuego.
ATE incluyó entre sus demandas la compra de aviones y helicópteros hidrantes y el fortalecimiento de las políticas de prevención. Asimismo, respaldó la sanción de una ley de emergencia ambiental, económica y habitacional, y acompañó la propuesta de un adicional extraordinario para combatientes de incendios forestales, iniciativa impulsada en proyectos presentados por diputadas y diputados de la región patagónica.
Desde el sindicato indicaron que la situación actual exige respuestas urgentes para garantizar tanto la protección del patrimonio natural como las condiciones de trabajo del personal que interviene en el control de incendios forestales en todo el país.
En ese sentido, ATE reiteró que la emergencia ígnea requiere decisiones inmediatas por parte del Estado nacional, tanto en materia de prevención como de fortalecimiento de los recursos humanos y materiales destinados al combate del fuego. El gremio sostuvo que la combinación de focos activos, recortes presupuestarios y condiciones laborales precarias profundiza las dificultades operativas en las zonas afectadas.
Finalmente, el sindicato remarcó que las demandas planteadas buscan atender la situación de las y los brigadistas que se encuentran en primera línea frente a los incendios, y reclamó que se adopten medidas estructurales que permitan garantizar una respuesta adecuada ante eventos de estas características, en un contexto de mayor frecuencia de emergencias ambientales.

8 enero 2026
Río Negro