El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, realizó sus primeras consideraciones luego de que la Justicia declarara la nulidad del protocolo anti movilizaciones, al señalar que la resolución ministerial no podía ubicarse por encima de la Constitución Nacional ni modificar derechos garantizados.

De acuerdo con lo expresado por el dirigente sindical, el fallo judicial ratifica una posición que el gremio sostuvo desde la implementación del protocolo, al considerar que los ministerios no tienen facultades para legislar ni para restringir el ejercicio de derechos constitucionales mediante resoluciones administrativas.

En ese marco, Aguiar vinculó la anulación del protocolo con el restablecimiento de garantías constitucionales y con un límite a prácticas que, según indicó, afectaban el derecho a la protesta y a la libre petición ante las autoridades. También afirmó que la decisión judicial representa un avance en relación con el accionar de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones.

El titular de ATE Nacional hizo referencia a las consecuencias registradas durante la vigencia del protocolo, al mencionar la cantidad de personas heridas en el contexto de movilizaciones, y señaló que una intervención judicial previa podría haber evitado esas situaciones. En ese sentido, remarcó la responsabilidad institucional frente a la afectación de derechos fundamentales.

Asimismo, Aguiar indicó que la organización sindical nunca acató el protocolo declarado nulo y sostuvo que su accionar se mantuvo dentro del marco legal vigente, en defensa del derecho a manifestarse. Planteó que el fallo reafirma ese posicionamiento y da sustento jurídico a los reclamos sostenidos por el sector.

Finalmente, desde ATE se reiteró la defensa del derecho a la protesta social y a la libre expresión, al tiempo que se subrayó la importancia de que las políticas de seguridad se ajusten a los límites establecidos por la Constitución y las leyes, tal como fue determinado por la Justicia.