La Justicia Civil de Bariloche ordenó el embargo del sueldo y el medio aguinaldo de la diputada nacional Lorena Villaverde, en el marco de una causa por incumplimiento contractual vinculada a un emprendimiento inmobiliario en la localidad de Las Grutas. La medida alcanza un monto cercano a los 40 millones de pesos y fue dispuesta como cautelar mientras se tramita la demanda principal por daños y perjuicios.

La resolución fue firmada por el juez del Juzgado Civil Nº 3 de Bariloche, Santiago Morán, quien hizo lugar al planteo de una persona damnificada de esa ciudad que adquirió un lote en un desarrollo impulsado por la actual diputada nacional. El reclamo se sustenta en la falta de entrega del terreno adquirido y en el incumplimiento de las condiciones pactadas en el boleto de compraventa.

De acuerdo con los fundamentos del fallo, la causa central está vinculada al emprendimiento “Tajamar”, ubicado en Las Grutas, y contempla un reclamo por daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual y por el cobro de un canon locativo ante la falta de posesión del lote. El demandante presentó documentación respaldatoria, entre ellas el boleto de compraventa, y ofreció testigos que declararon conocer la operación y la modalidad de pago.

La resolución judicial, que se encuentra bajo reserva pero trascendió a partir de las partes involucradas, ordena un embargo preventivo sobre las remuneraciones laborales y el sueldo anual complementario de la legisladora, excluidas las asignaciones familiares. El monto fijado es de 27 millones de pesos en concepto de capital y otros 13,5 millones estimados provisoriamente por intereses y costas.

En la misma sentencia, el juez Morán dispuso notificar a la Cámara de Diputados de la Nación y advirtió que la medida deberá mantenerse “hasta que las retenciones cubran íntegramente los montos indicados”. También ordenó que las sumas retenidas sean depositadas en una cuenta judicial del Banco Patagonia, bajo apercibimiento de ley.

Fuentes judiciales señalaron que la concesión de la medida cautelar no implica una resolución sobre el fondo del litigio, que continuará su trámite como demanda por daños y perjuicios. En expedientes similares iniciados anteriormente en la jurisdicción de San Antonio Oeste, Villaverde —en su rol de desarrolladora— había argumentado demoras vinculadas al contexto de la pandemia, y en algunos casos se alcanzaron acuerdos privados que derivaron en el cierre de las actuaciones.

En paralelo, avanza otra causa civil en San Antonio Oeste vinculada al mismo emprendimiento inmobiliario. Según pudo saber Diario La Palabra, en ese expediente también se solicitó un embargo preventivo, aunque hasta el momento no fue avalado por la Justicia.

La presentación fue realizada ante el Juzgado Civil, Comercial, Minería y Familia Nº 9, a cargo de Karina Vanessa Kozaczuk, aunque por encontrarse de licencia la magistrada, la causa quedó a cargo de la jueza Julieta Noel Díaz, titular del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nº 1 de Viedma. La demanda fue iniciada hace una semana por Alejandro Kanjer, con patrocinio del estudio jurídico Santos y Arizcuren.

En ese caso, el pedido de embargo asciende a 31 millones de pesos, mientras que la demanda totaliza 100 millones de pesos en concepto de daño moral y daños punitivos. La acción judicial también hace referencia al emprendimiento “Tajamar” y detalla la compra de un lote de 465,80 metros cuadrados en 2020, por un valor de 1.650.000 pesos, abonado mediante un anticipo y el saldo financiado en cuotas. Según consta en la demanda, el terreno nunca fue entregado ni se avanzó con las obras de infraestructura ni con el proceso de escrituración.

Fuente: Diario Río Negro