La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la extradición del empresario Federico “Fred” Machado a los Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de activos, fraude electrónico y asociación ilícita. El fallo del máximo tribunal deja ahora en manos del Poder Ejecutivo la decisión final sobre si se concretará o no su entrega a las autoridades norteamericanas.

Machado, que cumple prisión domiciliaria en una residencia ribereña a unos 20 kilómetros de Viedma, camino al balneario El Cóndor, fue requerido por la justicia del Distrito Este de Texas. Allí, un Gran Jurado Federal lo procesó junto a otras ocho personas en una causa que investiga una presunta red internacional de tráfico de cocaína y operaciones financieras vinculadas al lavado de dinero.

La resolución judicial, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó los planteos de la defensa, que había cuestionado la validez del proceso y alegado violaciones al principio de “doble incriminación” y a la igualdad de armas. El fallo ratifica la decisión del Juzgado Federal N° 2 de Neuquén, que ya había hecho lugar al pedido de extradición formulado por Estados Unidos.

Machado rompió el silencio hoy  desde su domicilio en la capital rionegrina, donde brindó entrevistas radiales y a medios nacionales en las que buscó explicar su vínculo con el diputado liberal José Luis Espert, a quien habría financiado durante su campaña presidencial de 2019. La justicia federal investiga transferencias por unos USD 200.000 y vuelos privados valuados en más de USD 350.000 presuntamente costeados por el empresario.

En los últimos meses también se reactivaron las sospechas sobre los negocios de Machado y su entorno en Río Negro, particularmente en relación con su primo Claudio Machado y el empresario Claudio Ciccarelli, señalado como presunto testaferro. Diversas fuentes judiciales y políticas consultadas en Viedma sostienen que ambos habrían mantenido vínculos comerciales con funcionarios y contratistas ligados al gobierno provincial de Alberto Weretilneck, aunque por el momento no hay causas judiciales abiertas en la provincia sobre esos nexos.

El fallo de la Corte será remitido a la Cancillería argentina, desde donde el expediente pasará al Poder Ejecutivo Nacional. Según la legislación vigente, el Gobierno cuenta con diez días hábiles para definir si hace efectiva la extradición o la rechaza por motivos de soberanía, seguridad u orden público.

Mientras tanto, Fred Machado continúa bajo custodia y monitoreo electrónico en su vivienda ubicada sobre la margen del río Negro. En el entorno judicial se da por hecho que la decisión política del Ejecutivo marcará el último capítulo de un proceso que, desde Viedma, sigue de cerca la evolución de un caso con resonancia internacional y derivaciones locales todavía por esclarecer.